El gobierno de Víctor Manuel Castro Cosío presume inversiones millonarias en tecnología y presupuestos para atender la crisis de desapariciones, pero la realidad revela una deuda de 1,208 personas desaparecidas y 211 fosas clandestinas localizadas entre 2021 y 2026. Para las madres buscadoras, la crisis cabe en una fotografía, una ficha pegada en una pared y una pregunta que nadie ha podido responder: “¿Dónde está mi hijo?”.
Desapariciones en aumento: 274 casos en 2026
Durante 2026 se han reportado 274 personas desaparecidas en Baja California Sur. De ellas, 193 fueron localizadas con vida y 11 sin vida. Otras 81 continúan sin ser encontradas. Detrás de ese último número hay familias que no pueden cerrar una puerta, organizar un funeral ni recuperar la tranquilidad, porque desconocen si sus seres queridos están vivos, retenidos contra su voluntad o abandonados en alguna de las fosas clandestinas que se multiplican en el territorio estatal.
Un recuento histórico que desarma cualquier celebración
La administración de Castro Cosío ha intentado colocar en el centro del discurso una supuesta “tendencia positiva” en las localizaciones. Sin embargo, el recuento histórico desarma cualquier celebración: desde 2019 se han registrado 3 mil 483 reportes de desaparición y mil 208 personas permanecen sin ser localizadas. Son mil 44 hombres y 164 mujeres cuyo paradero continúa siendo una deuda del Estado. La Paz y Los Cabos concentran 84.4% de los registros históricos. Los Cabos acumula 520 personas pendientes de localizar; La Paz, 427; Comondú, 117; Mulegé, 92, y Loreto, 33.
Fosas clandestinas: 275 osamentas recuperadas en cinco años
El diagnóstico se vuelve todavía más grave al revisar el subsuelo de Baja California Sur. Entre 2021 y 2026 fueron localizadas 211 fosas clandestinas. De esos puntos se recuperaron 275 osamentas, mientras que otros 81 restos humanos fueron encontrados expuestos sobre la superficie. La geografía turística que el gobierno promueve ante visitantes nacionales y extranjeros convive con brechas, desiertos y caminos donde las familias buscan fragmentos humanos.
Presupuesto y tecnología: recursos que no sustituyen resultados
La administración estatal informa que ha destinado 88.4 millones de pesos de recursos propios y 138.3 millones provenientes de la Federación. En total, más de 226 millones de pesos para tareas de búsqueda. También presume 50 especialistas, 18 vehículos, 14 drones y 11 equipos GPS; no obstante, los vehículos no consuelan a una madre, y los drones no sustituyen una investigación ministerial sólida. Los comunicados tampoco identifican restos humanos, procesan con rapidez las pruebas genéticas ni llevan ante un juez a quienes participan en la desaparición de personas.
Madres buscadoras exigen resultados: “Ya no quiero promesas”
Mientras el Gobierno enumera herramientas, las familias siguen exigiendo atención directa. El 17 de junio, madres buscadoras acudieron a la Casa de Gobierno en San José del Cabo para reclamar resultados. Una de ellas sintetizó el desgaste acumulado en una frase: “Ya no quiero promesas, quiero a mi hijo”. La expresión no fue parte de un acto político ni de una disputa partidista. Fue la súplica de una mujer obligada a pedirle al gobernador que haga funcionar a las instituciones bajo su responsabilidad.
Castro Cosío respondió que comprendía el sufrimiento y aseguró que exigiría más investigaciones a sus colaboradores. También prometió una reunión privada con las familias y llevar el tema ante el Gobierno federal. Sus palabras fueron de compromiso, pero llegaron después de que las madres tuvieran que manifestarse para ser escuchadas.
La deuda del Estado: verdad, justicia y búsqueda efectiva
Ahí se encuentra el principal cuestionamiento a su gobierno. La empatía pública no consiste únicamente en decir “entiendo” frente a las cámaras. Implica recibir a las familias sin que deban bloquear calles, perseguir funcionarios o esperar meses para obtener una cita. Significa informarles sobre cada avance, corregir omisiones, fortalecer las fiscalías y evitar que las madres terminen investigando, excavando y arriesgando la vida en tareas que corresponden al Estado.
El propio gobierno afirma que la Comisión Estatal de Búsqueda debe garantizar la participación de las familias en el diseño y ejecución de las acciones de localización. También reconoce que debe mantener comunicación continua con autoridades, colectivos y familiares. Sin embargo, la necesidad constante de protestas y reclamos públicos exhibe una distancia evidente entre el discurso institucional y la experiencia de quienes buscan.
Víctor Castro no puede presentar las localizaciones con vida como una especie de saldo favorable que compense a quienes siguen ausentes. Cada persona encontrada importa, por supuesto, pero ninguna tasa porcentual cancela el derecho de las otras mil 208 familias a recibir verdad, justicia y resultados. Tampoco puede refugiarse permanentemente en la Fiscalía, en la Federación o en administraciones anteriores. Como titular del Poder Ejecutivo estatal, le corresponde coordinar recursos, exigir resultados, remover obstáculos y encabezar una política de búsqueda que tenga a las víctimas en el centro.
