Un grupo de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace 12 años solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) detener la creación de una Comisión de la Verdad. Consideran que este mecanismo reiniciaría las investigaciones y retrasaría nuevamente el acceso a la justicia. Felipe de la Cruz, vocero del grupo, afirmó que la conformación de un nuevo organismo “no ayuda” a las víctimas y las condenaría a esperar otros 12 años o más para conocer la verdad.
Documento entregado a la SCJN
Excélsior tiene copia del documento que uno de los dos grupos de padres de los normalistas entregó hace cinco días en la SCJN. En el escrito, los familiares fijan su postura de rechazo. “Los padres y las madres ya no están en condiciones de seguir en esta lucha de esa manera. Por eso estamos demandando que no se cree esa comisión, porque perjudica a las víctimas, no las beneficia”, sostuvo De la Cruz.
La eventual creación de una Comisión de la Verdad implicaría la desaparición de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), dependiente de la Secretaría de Gobernación, y de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), dependiente de la FGR. Con el documento entregado, la SCJN tiene la posibilidad de revertir lo que la anterior Corte dictaminó y no permitir que haya una Comisión de la Verdad inconstitucional, debido a la resolución del Tribunal Colegiado del Circuito de Tamaulipas, que dejó en libertad a más de 80 personas relacionadas con la desaparición y asesinato de los 43 normalistas desde 2018.
Rechazo a la recomendación de la CNDH
El vocero de uno de los grupos de padres de normalistas desaparecidos aseguró que, además de rechazar la nueva comisión, los familiares desconocen la reciente recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Consideran que esta recomendación busca eximir de responsabilidad al Ejército mexicano. “Hoy podemos asegurar que la intención es proteger al Ejército Mexicano con esa comisión: volver a empezar para terminar diciendo que el Ejército no participó, cuando existen pruebas, hechos y declaraciones de los sobrevivientes que acreditan su participación”, señaló.
Respecto a los argumentos de la CNDH de que la responsabilidad recaería únicamente en algunos elementos militares y no en toda la institución, De la Cruz respondió que nunca se ha sostenido que haya participado la totalidad del Ejército, sino integrantes de esa corporación.
Asimismo, indicó que el grupo de aproximadamente 15 padres que representa buscará sumar esfuerzos con otros familiares inconformes para impulsar de manera conjunta esta demanda presentada ante la Corte. “Creo que en este caso el otro grupo de padres está de acuerdo con nosotros”, dijo el vocero.
Cinco puntos petitorios ante la SCJN
En el documento de 11 cuartillas, en el punto VIII, Puntos Petitorios, este grupo de padres solicita a la SCJN: Primero, tenerlos por presentados reconociendo su legitimación como víctimas en carácter de terceros interesados y el derecho a coadyuvar activamente en la revisión constitucional del recurso. Segundo, declarar la improcedencia constitucional e institucional de la creación de una nueva Comisión de la Verdad, en virtud de que su ejecución material fragmentaría las investigaciones ministeriales vigentes, duplicaría funciones de laboratorios forenses y dispersaría recursos económicos indispensables para el esclarecimiento factual del caso. Tercero, revocar y corregir el criterio interpretativo de la sentencia del Tribunal Colegiado que confiere facultades extraordinarias ultra vires a la CNDH y desnaturaliza las facultades exclusivas del Ministerio Público federal. Cuarto, determinar la inviabilidad jurídica del Protocolo de Minnesota como norma de clausura o guía supletoria para dirimir controversias institucionales internas de los órganos públicos mexicanos, limitando su validez jurídica —junto al Protocolo de Estambul— exclusivamente como parámetros y metodologías técnico-científicas de actuación pericial criminalística en carácter orientador y no vinculatorio. Quinto, emitir lineamientos vinculantes dirigidos a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para fortalecer integralmente a la UEILCA y a la COVAJ, respectivamente, obligando a la práctica expedita de actuaciones o diligencias ministeriales, así como a la obtención de una verdad científica libre de vicios procesales.
Copias del documento entregado en la SCJN también fueron enviadas a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a la fiscal Ernestina Godoy, al subsecretario de Gobernación Arturo Medina y a Mauricio Pazarán, titular de la UEILCA.
La postura sobre Vidulfo Rosales
Cuestionado sobre la incorporación del abogado Vidulfo Rosales a la Suprema Corte y la posibilidad de que intervenga en este asunto, Felipe de la Cruz respondió que desconoce cuál será su participación. “No puedo decir algo que desconozco. Sé que está en la Suprema Corte; si interviene o no, eso lo sabremos más adelante”, concluyó.
