Durante los primeros tres años y medio de la administración del gobernador Salomón Jara Cruz, Oaxaca acumuló 267 registros por delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, una cifra que contrasta con el discurso oficial de protección de los recursos naturales y defensa del territorio.
Cifras anuales bajo el gobierno de Jara
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que en 2023 se abrieron 68 investigaciones de este tipo; en 2024 fueron 84; durante 2025 se contabilizaron 75, y entre enero y junio de 2026 se sumaron otros 40 casos.
En total, entre 2020 y el primer semestre de 2026, Oaxaca registró 534 presuntos delitos ambientales del fuero federal. Aunque el acumulado abarca parte de la administración anterior, prácticamente la mitad, 267 casos, corresponde a los años completos transcurridos bajo el gobierno de Jara Cruz.
Las cifras oficiales se refieren a averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por posibles delitos. No equivalen necesariamente a sentencias condenatorias, pero permiten dimensionar la frecuencia con la que se denuncian daños, aprovechamientos irregulares de recursos, contaminación y otras afectaciones ambientales.
Posición nacional de Oaxaca
Entre enero y junio de 2026 se reportaron 585 delitos contra el ambiente y la gestión ambiental en todo el país. De ellos, 40 ocurrieron en Oaxaca, lo que colocó a la entidad en el cuarto lugar nacional.
La posición nacional confirma que el problema no es aislado. Oaxaca se ha mantenido durante varios años entre las entidades con mayor número de investigaciones ambientales del fuero federal.
En 2023, con 68 casos, ocupó el cuarto lugar del país. El Estado de México registró 78; Tlaxcala, 77, y Jalisco, 72.
Durante 2024, Oaxaca sumó 84 investigaciones y se colocó en el segundo lugar nacional, solamente por debajo de Tlaxcala, que tuvo 101. Baja California Sur registró 82 casos y ocupó la tercera posición. La ubicación de Oaxaca como tercer lugar, difundida inicialmente en algunos reportes, resulta incompatible con esas cifras.
En 2025, la entidad bajó al quinto lugar, aunque mantuvo un número elevado de expedientes, con 75. Tlaxcala encabezó la lista con 107; Jalisco reportó 98; Baja California Sur, 96, y Michoacán, 82.
Casos emblemáticos: río Atoyac y Cañada
El comportamiento anual muestra una incidencia persistente. En 2020 fueron registrados 105 delitos ambientales; en 2021, 74, y en 2022, 88. Posteriormente se contabilizaron 68 en 2023, 84 en 2024, 75 en 2025 y 40 durante el primer semestre de 2026.
Uno de los casos que exhibe la falta de resultados institucionales es la contaminación del río Atoyac. En 2023, la entonces Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca (Propaeo) informó que había presentado cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República contra el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez y dirigentes de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y del Sindicato Independiente 3 de Marzo.
Las denuncias estaban relacionadas con el depósito de basura y desechos contaminantes en los márgenes del Atoyac.
La región de la Cañada enfrenta otro conflicto por la explotación de recursos naturales. En abril de 2026, pobladores de San José del Chilar, en San Juan Bautista Cuicatlán, y habitantes de la comunidad de Xilá realizaron una manifestación pacífica para denunciar la extracción de grava y arena en el río Grande.
La persistencia de estos delitos subraya el contraste entre las promesas de protección al territorio y la realidad en Oaxaca, que se mantiene en los primeros lugares nacionales en carpetas de investigación por daños a recursos naturales.
