El gobierno de Sonora y la administración federal pusieron en marcha un programa integral de remediación para la Cuenca del Río Sonora, con una inversión inicial de 654 millones de pesos. La estrategia busca resarcir las demandas ambientales y de salud en los ocho municipios afectados por el derrame químico de 2014, y su primera etapa está proyectada para concluir formalmente a finales de 2026.
Compromiso tras 12 años de espera
El gobernador Alfonso Durazo, acompañado por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, encabezó una reunión informativa en el municipio de Ures para detallar los alcances del proyecto, enmarcado en el Plan de Justicia para Cananea. Durante el encuentro se precisó que los recursos permitirán realizar trabajos de muestreo, tratamiento y remoción de materiales o sedimentos potencialmente contaminados, además de contemplar la construcción de un hospital y obras de abastecimiento de agua limpia para los habitantes de la zona.
“Después de 12 años, tienen derecho a dudar. Pero francamente, no somos iguales y por eso estamos aquí dándoles la cara. Lo importante es que de aquí nos vayamos con la convicción y el compromiso de que tenemos que continuar dialogando, con la certeza de que de parte del gobierno federal y del gobierno del estado van a encontrar, invariablemente, un claro compromiso de resolver a fondo un pendiente que viene del 2014”, afirmó Durazo Montaño.
Diagnóstico y arranque de labores
La titular de la Semarnat confirmó la disponibilidad inmediata de los recursos económicos y detalló que las labores en campo iniciarán formalmente en septiembre. Como parte de los diagnósticos previos, se han recabado 64 muestras de suelo, sedimentos y agua en las presas El Molinito y Abelardo L. Rodríguez, aunado a la revisión de más de 5 mil muestras históricas.
La estrategia mantendrá mesas de diálogo periódicas para garantizar la transparencia en la recolección de datos y la disposición de los residuos. Estas acciones representan el inicio de una intervención que busca dar solución definitiva a un problema que ha afectado a las comunidades de la región durante más de una década.
