La noche del martes 4 de agosto, Dominga Pérez Comisario, una mujer de 83 años recién cumplidos, se desplazaba lentamente por las calles de tierra de la colonia 21 de Marzo, ubicada en la junta auxiliar de San Salvador Chachapa, dentro del municipio de Amozoc, Puebla. Con apoyo de un bastón de madera, la anciana cargaba la canasta donde habitualmente transportaba las cemitas que vendía diariamente para sostenerse económicamente. Al finalizar su jornada laboral, regresaba a su domicilio con el producto de sus ventas, contando únicamente con 90 pesos en efectivo guardados en el bolsillo.
Grabaciones capturan el ataque fatal
Las cámaras de seguridad instaladas en la zona registraron los momentos previos a la tragedia. En las imágenes se identifica a un sujeto vestido con playera blanca, gorra y mochila negra, quien seguía sigilosamente a la víctima a corta distancia. Sin mostrar piedad, el agresor interceptó a doña Dominga, la despojó de la pequeña cantidad de dinero y, lejos de conformarse con el hurto, la golpeó salvajemente en la cabeza con una piedra. Como consecuencia de este acto, la anciana falleció de forma instantánea sobre el suelo debido a un traumatismo craneoencefálico severo.
Impunidad y colapso del Estado de derecho
Este hecho violento no ocurre en el vacío, sino que refleja una problemática estructural descrita como una radiografía dolorosa de la violencia cotidiana en México. A pesar de que la narrativa oficial ha insistido durante años en que la estrategia fundamental para pacificar al país consiste en "atender las causas" de la delincuencia, bajo la premisa de que la pobreza y la falta de oportunidades son los motores exclusivos del crimen, la realidad muestra otra cara. No existe justificación sociológica ni económica que explique por qué un individuo decide aplastar el cráneo de una mujer de la tercera edad para arrebatarle apenas 90 pesos, demostrando un nivel de degradación humana absoluta.
El caso expone una verdad insoslayable: en México, la ley no espanta a los criminales porque operan con la certeza de que la probabilidad de ser capturados, juzgados y sentenciados es casi nula. La impunidad supera el 90 por ciento de los delitos cometidos, lo que degrada el tejido social hasta permitir que la crueldad extrema se manifieste por sumas insignificantes. Describir esta violencia incontrolada como simple resultado de la desigualdad resulta insuficiente; más bien, parece consecuencia directa de un aparato de justicia colapsado que ha dejado de funcionar como elemento disuasorio efectivo.
Necesidad de fortalecimiento institucional
Si el país aspira verdaderamente a frenar esta sangría y evitar que historias similares a la de Amozoc se repitan diariamente, es necesario reconocer que la única vía real es el fortalecimiento del Estado de derecho. Esto implica ir más allá de los discursos políticos coyunturales e invertir decididamente en la reconstrucción institucional. Las acciones concretas requieren fortalecer a las fiscalías locales, dotar de recursos y tecnología a las policías municipales, profesionalizar los servicios periciales y garantizar que el sistema judicial aplique sanciones severas e inflexibles a quienes transgreden la norma.
La verdadera prevención de la violencia no radica en la complacencia ni en la justificación ideológica del delito, sino en la convicción de que la ley se cumplirá para todos sin excepción. Solo cuando se instale en el país una justicia pareja, sin sesgos ni atajos, y se demuestre que el crimen tiene consecuencias reales, podrá ofrecerse verdadera seguridad a los ciudadanos más vulnerables y honrarse la memoria de las víctimas como doña Dominga Pérez Comisario.
