Grupos criminales están desplazando a comunidades de la Sierra de Chihuahua para controlar territorios, incluso en zonas sin madera, agua, minerales u otros recursos naturales que expliquen su interés, según un informe presentado este martes por organizaciones civiles en la capital mexicana.
Saulo Loya, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, afirmó que “hay una nueva clase de economía y una nueva clase de riqueza que es el territorio mismo”. Loya explicó que el control territorial permite a las organizaciones criminales decidir qué ocurre dentro de esas zonas y “operar prácticamente con total impunidad”.
“Es decir, si nos apoderamos del territorio, eso nos da la posibilidad de hacer lo que queramos. Básicamente, si queremos transitar, si queremos desaparecer, si queremos abastecer, lo que sea”, detalló el activista durante la presentación del informe sobre desplazamiento forzado interno en Chihuahua.
Patrón de violencia escalada
La misión que elaboró el informe identificó un patrón de violencia que comienza con ataques dirigidos contra líderes comunitarios o personas con capacidad de resistencia, precisó Loya. Cuando esas agresiones no consiguen expulsar a la población, la violencia escala hacia ataques indiscriminados, sostuvo el experto.
Loya señaló que han observado un patrón similar en el estado de Guerrero, pese a tratarse de grupos criminales con intereses distintos. “Primero llegan las amenazas y ataques individuales y, si no consiguen romper la resistencia de las comunidades, agresiones contra la población en general”.
Entre las formas de violencia mencionó el uso de armas de alto calibre y drones explosivos, cuyo uso comparó con tácticas de guerra vistas en el conflicto entre Rusia y Ucrania. “Esta nueva técnica de drones con explosivos (…) es devastadora, que es a la vez letal, pero también como una especie de táctica de tierra quemada tecnológica”.
Impacto en menores y desplazados
La dimensión de esa violencia también quedó reflejada en un encuentro de la misión con menores y adolescentes desplazados, cuando una niña de solo 12 años reconoció estar envuelta en la guerra.
Nataniel Hernández, miembro de la Red TDT, urgió a atender las realidades de todas las personas desplazadas, incluidos los menores que “perdieron su escuela, perdieron sus amigos, perdieron su territorio, perdieron la convivencia”.
El informe recomienda que autoridades locales, estatales y federales reconozcan este fenómeno y establezcan una ruta para proteger a las personas que se ven obligadas a desplazarse. Hernández también señaló que “las mismas autoridades presionaban las personas desplazadas a que regresaran a sus comunidades”.
Cifras del desplazamiento en Chihuahua
La misión se reunió en mayo pasado con alrededor de 200 personas de comunidades de Chihuahua, Durango y Sinaloa que se habían desplazado hacia la ciudad de Chihuahua, capital del estado, y los municipios de Hidalgo del Parral y Delicias.
Según el informe, en 2025 hubo al menos 4.492 personas desplazadas en Chihuahua, 1.335 solo de la comunidad de Guadalupe y Calvo. A nivel nacional, un informe citado por Amnistía Internacional señala que en 2024 hubo al menos 28.900 personas desplazadas por la violencia en México, un aumento del 129 % frente al año anterior.
