Rocky, símbolo de la crueldad en Coahuila: 303 indagatorias y una impunidad casi absoluta
Rocky y la impunidad en Coahuila: 303 casos

El caso de Rocky, un perro víctima de maltrato en Coahuila, se ha convertido en el rostro de la indignación por la crueldad animal en el estado, revelando una alarmante cifra negra de violencia e impunidad, según informó Magda Guardiola el 11 de agosto de 2026.

En la veterinaria donde fue atendido Rocky se encendieron veladoras como una luz de esperanza a la memoria del perro, según reportó Alma Gudiño.

303 carpetas de investigación por crueldad animal

Entre 2024 y 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra que la Fiscalía General del estado abrió 303 carpetas de investigación por maltrato y crueldad animal.

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La geografía del maltrato revela que Saltillo concentra el 60 por ciento de los casos, seguido por Torreón y Piedras Negras.

Saña en las agresiones y tipos de violencia

Los expedientes describen muerte de animales víctimas de armas de fuego, armas blancas, brutal ferocidad, envenenamiento y abandono, lo que muestra la saña con la que se cometen las agresiones a los seres sintientes.

De los cientos de casos denunciados ante la Fiscalía General de Coahuila, el Poder Judicial del estado revela que entre 2017 y 2023 apenas 10 casos de crueldad animal fueron judicializados, y aun cuando hay proceso, la sanción es mínima.

Sanciones mínimas y suspensión condicional

La mayoría de los casos terminan en una “suspensión condicional” o una reparación del daño que equivale a un bulto de alimento. El agresor paga una multa o hace servicio social y recupera su libertad de inmediato.

Otra instancia que recibe denuncias de maltrato o crueldad animal es la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado (PROPAEC), la cual reporta que de 182 casos registrados de 2020 a la fecha, concluyó 170, pero omite transparentar la manera en la que se resolvieron o la sanción fijada a la persona responsable.

La impunidad en casos de crueldad animal en Coahuila sigue siendo la norma, con solo 10 judicializaciones en seis años y sanciones que no disuaden a los agresores, mientras la PROPAEC no transparenta sus resoluciones, dejando a los animales sin protección efectiva.

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