En México, los actos anticipados de campaña son una práctica recurrente, a pesar de estar prohibidos por la ley electoral. Consisten en que un político, fuera del periodo electoral establecido por las autoridades, realiza giras, organiza mítines o promueve su imagen de cualquier forma. Esta contravención es una realidad diaria, y todos los partidos políticos la cometen, aunque Morena parece llevar ahora el liderazgo en esta práctica.
El principal cuestionamiento que surge es la fuente de financiamiento de estas actividades. En México, los recursos para la promoción política son otorgados por el Instituto Nacional Electoral (INE), de acuerdo con los montos del Presupuesto de Egresos. Cualquier otra fuente de financiamiento, ya sea de un actor privado, un sindicato o una organización criminal, está fuera de la ley.
¿Quién financia las precampañas de los políticos morenistas?
Las preguntas que muchos se hacen son: ¿quién financia las campañas de sujetos como Andrés López Beltrán, Andrea Chávez o Arturo Ávila? ¿Quién financió los actos anticipados de Adán Augusto López y otras corcholatas morenistas en la última elección presidencial? ¿Cómo estos actos pueden dejar de levantar sospechas en torno a probables intereses ocultos detrás de que un personaje alcance el poder en una alcaldía o en una gubernatura?
La responsabilidad para la determinación y, en su caso, sanción de los actos anticipados corresponde al INE. Sin embargo, de acuerdo con especialistas en materia electoral, la autoridad no contaba en 2024 con todas sus cabezas. Es decir, se habían dejado acéfalos los puestos responsables de la supervisión de los orígenes de los recursos. Al final, el INE y el Tribunal callaron, y Morena se alzó con una victoria apabullante.
La falta de supervisión del INE en 2024
La ausencia de titulares en puestos clave del INE permitió que los actos anticipados no fueran sancionados. Esta situación ha generado un ambiente de impunidad, donde los políticos continúan con sus giras y promociones sin temor a consecuencias.
Con miras a las elecciones del año que viene, los políticos han iniciado su carrera; desde las “unidades médicas” de Andrea Chávez en Chihuahua, hasta la campaña de Arturo Ávila en la delegación Cuauhtémoc o los recorridos del hijo de AMLO en algunos municipios de Tabasco.
La confesión de Andrea Chávez sobre financiamiento ilegal
La política chihuahuense, en un desliz propio de su torpeza e inexperiencia política, confesó hace un año en el espacio de Azucena Uresti que sus giras eran patrocinadas por “empresas”. Es decir, reconoció abiertamente la ilegalidad de su promoción.
¿Saldrán estos políticos a dar una explicación convincente sobre el origen de los recursos de sus precampañas? ¿Quién les apoya? ¿Intereses empresariales, sindicatos, o el crimen organizado? Son preguntas que merecen tener una respuesta.
La falta de acción del INE y la ausencia de sanciones han normalizado esta práctica, lo que representa un riesgo para la democracia mexicana. La ciudadanía espera que las autoridades electorales actúen con firmeza para garantizar la legalidad en los próximos comicios.
