El Instituto Nacional Electoral (INE) y los lineamientos gubernamentales sobre derechos de las audiencias actúan de forma sincronizada para coartar la libertad de expresión en México, según un análisis publicado por Noticias Mexico 24. Esta coordinación se intensifica en vísperas del proceso electoral de 2027, que incluirá comicios federales y locales en 17 entidades del país.
Acciones paralelas del INE y la Comisión Reguladora
El texto señala que el INE, bajo el pretexto de regular la competencia política, y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con el cometido de gobernar el flujo de información pública a través de concesionarios de radio, televisión y servicios de paga, despliegan medidas complementarias que restringen la crítica al gobierno.
Esta sincronía revela un régimen político comprometido con proteger los intereses del partido en el gobierno, al tiempo que intimida, hostiga y penaliza a quienes se opongan a la línea comunicacional oficial o intenten descalificar al oficialismo por su devaluación ética, prácticas de corrupción y vinculación con organizaciones delictivas.
Contexto electoral y financiamiento ilegal
La imposición de una política de censura, mal disfrazada, se correlaciona con el inicio del proceso electoral de 2027. Se reproduce la medida adoptada antes de los comicios de 2024, anticipando procesos de precampañas bajo un manto de simulación para evitar sanciones. El análisis cuestiona si también se repetirán los excesos de gastos y los indicios de financiamiento ilegal observados en ese entonces.
Recursos provenientes de actividades ilícitas, como el huachicol fiscal, tuvieron cómplices tanto en el medio delincuencial como en el gubernamental, según el texto. Se trata de organizaciones delictivas que dominaron territorios con la connivencia, omisión o participación de autoridades.
Críticas al INE por caso PRI y 'narcogobierno'
El análisis destaca que consejeros del INE ordenaron el retiro de pronunciamientos del PRI en sus páginas electrónicas, donde se llamaba al gobierno 'narcogobierno' y al partido 'narcopartido', declaraciones hechas por su dirigente nacional y senador Alejandro Moreno Cárdenas. Esto ocurre sin considerar que los legisladores son inviolables por sus opiniones en el desempeño de sus cargos, conforme al artículo 61 de la Constitución.
Moreno Cárdenas ha declarado que acudirá a todas las instancias legales, nacionales e internacionales, para denunciar este abuso y defender la libertad de expresión frente al intento de coartarla arbitrariamente.
Regulación de audiencias y control de contenidos
Los lineamientos sobre derechos de las audiencias pretenden ocultar la mano juzgadora del gobierno sobre contenidos informativos, a través de una primera mediación de las personas defensoras de las Audiencias. En caso de inconformidad, será la propia autoridad quien resuelva y sancione a la concesionaria.
El procedimiento busca que la publicidad no se presente como información periodística, distinguir entre publicidad y contenido, evitar publicidad engañosa, y no difundir información falsa, descontextualizada o histórica como si fuera actual. Los códigos de ética, elaborados por los medios y calificados por la autoridad, deberán incorporar criterios editoriales que aseguren la veracidad de la información.
El diseño de la regulación está hecho para la intervención decisoria de la autoridad y para controlar contenidos, dentro de un marco inhibitorio que siempre será polémico al decidir, por ejemplo, sobre información engañosa o descontextualizada.
Las dos hojas de la pinza son el INE y la Comisión Reguladora de las Audiencias, cada una actuando en su ámbito sin aparente vinculación, pero conectadas a través de un régimen político que desnuda su carácter despótico y autoritario, controlando la información y coartando la libertad de expresión. Este análisis concluye que las acciones sincronizadas buscan construir el marco para la victoria del partido en el gobierno y sus aliados, aprovechando espacios normativos de instancias colonizadas y la desaparición de órganos autónomos, con el fin de que las elecciones no se desarrollen en un entorno de auténtica competencia ni equidad.
