La presidenta Claudia Sheinbaum tiene decidido consumar la reforma legislativa que restringe la operación de la radio y la televisión concesionadas, a pesar de que el rechazo a la iniciativa no solo se ha mantenido, sino que se ha ampliado y amenaza con incorporar al ámbito internacional. Así lo sostiene un análisis publicado por el periodista Federico Arreola en su columna, donde advierte que el régimen se percibe amenazado y busca controlar la narrativa ante un eventual enfrentamiento con el gobierno de Estados Unidos.
El régimen ve la reforma como una necesidad ante un escenario de guerra
Según el análisis, el gobierno de Sheinbaum emprendió un cambio en la legislación que regula la radio y la televisión con el evidente propósito de someter todavía más a ese segmento. Los reducidos espacios de libertad son intolerables no por la situación actual, sino por lo que se avecina. El gobierno, acertadamente, ve un escenario adverso no tanto por razones electorales, sino producto de la agenda judicial de Estados Unidos en México y de la fuerza de la realidad por la connivencia con el crimen organizado.
En la visión del régimen, someter a los medios electrónicos se advierte como una necesidad ante un escenario de guerra. Sin embargo, el análisis subraya que no advierten que el ecosistema digital es lo que más importa: 60% de la población se informa preferentemente por las redes y 40% lo hace de manera dominante. Esta realidad limita el impacto de cualquier control sobre los medios tradicionales.
La cobertura adversa y el caso Rocha Moya
El análisis recuerda que la cobertura informativa de los medios desde la solicitud de detención del gobernador Rocha Moya ha sido claramente adversa al régimen. El discurso soberanista no cobró fuerza alguna y sí la idea de que el gobierno protege a los narcopolíticos. La batalla por la narrativa no prende ni prenderá en las condiciones actuales, según el texto.
El régimen está decidido a aprobar la legislación restrictiva sobre los medios de comunicación concesionados. Se parte de la tesis de que, por su propia naturaleza, está obligado a actuar a partir del interés del Estado; y en la visión obradorista el Estado les pertenece, como lo muestran casos claros como la operación del Canal 11 o la propia mañanera. En consecuencia, la radio y la TV deben ser un frente unificado de combate o resistencia ante la eventual batalla con el gobierno de Estados Unidos. En su maniquea convicción, se trata de la defensa de la soberanía nacional.
El debate perdido y la contradicción del gobierno
El análisis sostiene que el debate sobre la reforma, bajo el pretexto de proteger a las audiencias, lo perdió el gobierno desde el inicio. Además, dejó al descubierto que el primero en violentar el derecho de la audiencia es el gobierno y la Presidencia. Los errores, mentiras, sesgo y manipulación siempre los ha habido, pero ahora fue mayor en asuntos muy sensibles y a la vista de todos. Quien pretende erigirse en juez es quien con mayor claridad muestra la urgente necesidad de su regulación en el manejo de la información y la comunicación social.
El rechazo a la iniciativa no solo se ha mantenido, se ha ampliado y amenaza con incorporar al ámbito internacional. Persistir en aprobar la reforma parecería un contrasentido, pero el análisis señala que el debate y la resistencia se han dado sin considerar que el régimen se advierte amenazado. La presidenta Sheinbaum está decidida y la reforma habrá de consumarse. En todo caso, es una batalla perdida por el peso que tienen los otros medios convencionales y, especialmente, el ecosistema digital.
El análisis concluye que, pese a la decisión presidencial, la reforma enfrentará limitaciones prácticas debido al predominio de las plataformas digitales, que escapan al control directo del Estado, y a la ampliación del rechazo tanto nacional como internacional.
