Vecinos y autoridades acuerdan mesa permanente contra el despojo
Representantes vecinales de la alcaldía Benito Juárez se reunieron con la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, y el secretario de Gobierno, César Cravioto, para definir compromisos concretos frente a la creciente problemática del despojo de inmuebles en la capital. El encuentro, realizado el 29 de julio de 2026, concluyó con la instalación de una mesa de trabajo permanente y un plazo de un mes para evaluar avances y presentar resultados tangibles.
“Hay voluntad, tanto de fiscalía como de la Secretaría de Gobierno, se queda instalada una mesa de trabajo permanente; dentro de un mes se le va a dar seguimiento”, declaró Alicia Camps, representante de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) de la colonia Del Valle. La mesa tendrá la tarea de dar seguimiento a las denuncias presentadas, analizar expedientes y asegurar la restitución de propiedades.
Reconocimiento oficial de una red de despojo organizado
Durante la reunión, las autoridades reconocieron oficialmente la existencia de una red de delincuencia organizada dedicada al despojo de propiedades en la Ciudad de México. Esta estructura, que opera de manera articulada, afecta principalmente a sectores vulnerables, como adultos mayores, madres solteras y personas con discapacidad. De acuerdo con el abogado Arturo Santana, el secretario de Gobierno se comprometió a reforzar la seguridad en los “puntos rojos” identificados en diversas alcaldías. “Las autoridades se comprometieron a revisar caso por caso, priorizando la celeridad en la restitución de inmuebles”, señaló Santana.
Los vecinos presentaron más de 100 nuevos casos de despojo, que se suman a las carpetas de investigación existentes. Asimismo, se exigió una investigación profunda sobre la posible colusión de funcionarios públicos en instituciones como el Registro Público de la Propiedad y la propia Fiscalía General de Justicia de la CDMX.
Reformas para endurecer sanciones y agilizar restitución
Para combatir este delito de manera eficaz, los participantes buscan impulsar un paquete de reformas que modifique el Código Penal y diversos ordenamientos legales, con el objetivo de convertir el despojo en un delito grave. Esto permitiría endurecer las sanciones, evitar que los invasores obtengan libertad inmediata y agravar las penas cuando existan servidores públicos involucrados. También se solicitó formalmente la inclusión del secretario de Seguridad Ciudadana en el gabinete encargado de la lucha contra el despojo.
Los vecinos propusieron adoptar un mecanismo similar al “Operativo Restitución” del Estado de México, que permite la recuperación inmediata de inmuebles mediante la acreditación de la propiedad con escrituras y comprobantes de pago de predial. Este modelo, aseguraron, agilizaría los procesos y evitaría la reincidencia de los侵占者.
Denuncias desde diversas alcaldías y un caso emblemático
El encuentro permitió visibilizar denuncias de alcaldías como Benito Juárez, Xochimilco, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Álvaro Obregón e Iztacalco. Entre ellas, Martha Patricia Sánchez denunció ser víctima de despojo de su propiedad en la colonia Agrícola Oriental, Iztacalco, desde finales de 2025. La afectada relató que el inmueble estaba desocupado cuando personas ajenas cambiaron las chapas y tomaron control del lugar. Al solicitar apoyo policial tras percatarse de modificaciones estructurales, un hombre se presentó alegando que rentaba el inmueble, pero no presentó contrato de arrendamiento, argumentando que “lo tenía su abogado”.
Martha denunció que, a pesar de haber acreditado su propiedad con escrituras y comprobantes de pago de predial, las autoridades no detuvieron a los implicados. Aunque fueron trasladados a la Fiscalía Territorial de Iztacalco, quedaron en libertad bajo el argumento de que ya existía una carpeta de investigación abierta, por lo que no procedía la detención. Este caso refleja la impunidad que persiste en muchos procesos de despojo.
Plazo de un mes y posible movilización
Los vecinos advirtieron que, de no observarse avances rápidos y resultados tangibles en el plazo de un mes, trasladarán sus manifestaciones a la avenida de los Insurgentes para continuar exigiendo justicia y transparencia. La mesa de trabajo permanente se presenta como un primer paso, pero la comunidad mantiene la presión sobre las autoridades para garantizar que el compromiso no quede en el papel.
