El gobierno de Miguel Díaz-Canel anunció una apertura sin precedentes a la inversión privada en sectores antes vedados, como gasolineras, farmacias y energías renovables, tras la aprobación parlamentaria de un paquete de 176 medidas promercado. La reforma, aprobada el 18 de junio por el Parlamento, marca un punto de inflexión para la economía socialista de planificación centralizada, sumida en una profunda crisis agravada por las sanciones de Estados Unidos.
Reforma histórica en el modelo socialista
El gobierno comunista redujo drásticamente el número de actividades prohibidas para los capitales privados cubanos. El primer ministro Manuel Marrero precisó este miércoles que, de las 176 medidas, 110 ya están en implementación y el resto comenzará a aplicarse en septiembre. Como ejemplo, señaló que se han otorgado autorizaciones a más de 100 actores no estatales para comercializar combustible al por mayor, y que se aprobó el primer negocio de inversión extranjera para importar, distribuir y comercializar combustible, sin dar detalles.
"Los resultados se alcanzarán gradualmente" y "a partir de ahora comienza la etapa más difícil, donde debemos garantizar la aplicación efectiva" de las medidas, añadió Marrero. El Estado mantendrá el control en sectores como salud, educación, defensa, telecomunicaciones y la industria del tabaco.
Sectores abiertos y limitaciones de capital
Además del sector energético y farmacéutico, la reforma abre a la inversión privada las residencias de ancianos, terminales de pasajeros y carga, instalaciones portuarias, importación de vehículos, energías renovables, y operaciones petroleras y mineras bajo ciertas condiciones. También se incluyen la banca y la producción de azúcar, según el economista cubano Daniel Torralbas, radicado en Londres. Sin embargo, advirtió que muchas actividades requerirán capital extranjero, ya que la mayoría de las mipymes cubanas no tienen los recursos para invertir en minería, petróleo o azúcar.
"Inevitablemente, muchas de las inversiones que se pueden hacer en estos sectores que se despenalizan ahora van a necesitar la inversión de capital extranjero", explicó Torralbas. Según datos oficiales, más de 15 mil pequeñas y medianas empresas funcionan en la isla, empleando a más de un tercio de la población activa.
Impacto de las sanciones de EE.UU.
El presidente Donald Trump aplica una política de máxima presión sobre Cuba, de 9.4 millones de habitantes, y ha amenazado con tomar su control, considerándola una "amenaza extraordinaria" a la seguridad estadounidense. Al embargo económico vigente desde 1962, Trump sumó en enero un bloqueo petrolero de facto y otras sanciones que han llevado a la economía al borde del colapso, con cinco apagones generalizados en lo que va de año, escasez de alimentos, combustible, agua potable y medicinas.
Ana Diego, una cubana de 66 años que tuvo que volver a emplearse en la empresa estatal de la que se había jubilado, saludó el anuncio. "Todo el mundo sabe que en este momento nosotros estamos subsistiendo por las mipymes", explicó. "Hay que buscar alguna solución, porque la realidad es que la gente está sin medicamentos, sin alimentos", dijo.
Medidas adicionales en agricultura y vivienda
El parlamento también examina proyectos de ley sobre agricultura, vivienda, reorganización administrativa y legislación laboral. En agricultura, se mantendrá la propiedad estatal de la tierra, pero se ampliarán las condiciones de usufructo para agricultores, cooperativas y empresas privadas nacionales y extranjeras. En vivienda, los cubanos podrán poseer dos casas en la ciudad (antes solo una) y se permitirán las hipotecas.
