Desde su creación en 2003, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se ha convertido en el brazo más temido de la política migratoria estadounidense. Con un presupuesto anual de 8.000 millones de dólares y más de 20.000 agentes desplegados en 400 oficinas dentro y fuera del país, esta agencia federal no solo ejecuta deportaciones, sino que ha sido denunciada por prácticas que violan derechos fundamentales, incluyendo la detención de ciudadanos estadounidenses.
Origen del ICE: del 11-S a la hipervigilancia
Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de George W. Bush aprovechó el clima de miedo para reestructurar la seguridad nacional. Mediante una orden ejecutiva en octubre de 2001, se creó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que absorbió funciones de inmigración, aduanas y seguridad interior. Así nació el ICE, el 1 de marzo de 2003, fusionando antiguas dependencias del INS y Aduanas. Su mandato incluye la aplicación de leyes migratorias dentro del territorio estadounidense, control fronterizo y lucha contra el terrorismo, pero en la práctica se ha enfocado en la detención y deportación de inmigrantes indocumentados.
Presupuesto y operaciones de la maquinaria de deportación
La unidad Enforcement and Removal Operations (ERO) es el corazón operativo de ICE. Encargada de identificar, arrestar, trasladar, detener y deportar a inmigrantes bajo órdenes de expulsión, ERO cuenta con agentes en todo el país. En 2025, según reveló el medio de investigación ProPublica, al menos 170 ciudadanos estadounidenses fueron arrestados por ICE basándose únicamente en perfilamiento racial, principalmente por su apariencia latina. Durante estas detenciones, muchos fueron tratados de forma violenta y se les impidió contactar a un abogado privado, ya que en las cortes migratorias no existe el derecho a un defensor de oficio, dejando a los detenidos sin asesoría legal.
Abusos documentados: violencia y detenciones erróneas
Los abusos no se limitan a arrestos incorrectos. En múltiples videos virales se observa a agentes de ICE actuando con violencia desmedida durante redadas masivas. ProPublica documentó que los detenidos con frecuencia enfrentan condiciones inhumanas en los centros de detención, muchos de ellos operados por empresas privadas como GEO Group, el principal contratista de ICE. Estas compañías han sido demandadas por obligar a los migrantes a trabajar por salarios irrisorios, a veces de solo 1 dólar al día o incluso sin pago, bajo amenazas de castigos como aislamiento o cargos penales si se negaban.
Trabajo forzado en centros de detención: el modelo de negocio
GEO Group y otras empresas argumentan que el trabajo es voluntario, en el marco del Programa de Trabajo Voluntario. Sin embargo, las víctimas afirman que la participación era coercitiva. Las tareas asignadas eran esenciales para el funcionamiento de los centros: limpiar baños, lavar ropa y preparar alimentos. En 2023, un tribunal ordenó a GEO Group pagar 17 millones de dólares en salarios caídos. Además, estados como Washington han sido multados por enriquecimiento injusto y violación de las leyes de salario mínimo, al beneficiarse del trabajo no remunerado de los detenidos. Este modelo convierte la detención migratoria en un negocio lucrativo que prioriza las ganancias sobre los derechos humanos.
Muertes de mexicanos bajo custodia del ICE
La institucionalización del racismo alcanza su punto más crítico cuando los detenidos pierden la vida. El gobierno de México ha denunciado diplomáticamente la muerte de 17 connacionales bajo custodia del ICE, calificando algunos casos como homicidios y señalando graves omisiones en la protección de sus derechos humanos. Estas muertes, a menudo por falta de atención médica o por uso excesivo de la fuerza, reflejan un sistema donde la vida del inmigrante parece no tener valor frente a los intereses de seguridad y económicos.
En suma, ICE no solo representa la aplicación de leyes migratorias, sino un negocio multimillonario que se sostiene sobre la violación sistemática de derechos, el trabajo forzado y el perfilamiento racial. La reforma migratoria en Estados Unidos sigue siendo una deuda pendiente que requiere desmantelar estas prácticas abusivas.
