El cierre del ingenio San Pedro, ubicado en la región de Los Tuxtlas, Veracruz, se realizó sin aviso previo a las autoridades estatales, dejando en incertidumbre a más de 5 mil familias y amenazando con profundizar la crisis que desde hace meses afecta a los municipios de Ángel R. Cabada, Saltabarranca y Lerdo de Tejada.
Reacción de la gobernadora Rocío Nahle
La gobernadora Rocío Nahle calificó el cierre como un acto de “irresponsabilidad empresarial” y acusó a la compañía de actuar de manera unilateral. Anunció que su administración buscará nuevos inversionistas si el grupo decide no continuar con la operación del ingenio.
El cierre tomó por sorpresa al gobierno estatal, que asegura que la empresa “no le avisó” sobre la decisión, aunque sí informó a sus trabajadores y proveedores mediante un comunicado en el que presuntamente garantizó la liquidación de adeudos.
Impacto económico y político
Aunque la ley no obliga a una empresa privada a notificar al gobierno estatal antes de cerrar, el impacto regional es tan amplio que la administración veracruzana intenta contener el daño político y económico. La gobernadora ordenó investigar el ingreso ilegal de azúcar al país, un fenómeno que, según productores, ha presionado los precios y debilitado a los ingenios locales.
En paralelo, circulan versiones entre líderes cañeros sobre presuntas cuotas millonarias exigidas por autoridades municipales a la empresa, lo que habría tensado aún más la operación. El gobierno estatal no ha confirmado estas acusaciones, pero el tema ya forma parte del clima de ingobernabilidad que rodea la región.
Contexto de crisis en la industria cañera
La crisis llega en un momento especialmente delicado: el cierre del San Pedro se suma al del ingenio San Francisco, cerrado hace más de una década, que dejó a productores sin certeza de compra y a miles de trabajadores sin ingresos en plena temporada de zafra. La cadena económica que depende del ingenio —transportistas, obreros, comercios, servicios— enfrenta un escenario de parálisis.
Mientras tanto, el gobierno estatal intenta proyectar control al prometer que atraerá inversión y asegura que habrá acompañamiento a productores y que no permitirá que la industria cañera colapse, sin embargo, la fragilidad en el sector ya fue evidenciada.
