El miércoles 5 de agosto de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, junto con la DEA, el FBI y otras agencias federales, presentó una nueva fase de la ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El anuncio incluyó nuevas acusaciones contra dirigentes, incremento de recompensas, restricciones migratorias y congelamiento de activos. Pero lo más relevante fue el lenguaje utilizado: algo cambió en Washington.
Acciones previas y contexto
Esta conferencia debe observarse junto con una decisión adoptada apenas unos días antes. El 23 de julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ejecutó la mayor acción de sanciones realizada hasta entonces contra el CJNG: 39 personas físicas y 16 personas morales, 55 objetivos en total, fueron señalados por su presunta participación en estructuras financieras relacionadas con la organización.
México no fue un espectador de aquella acción. La Secretaría de Hacienda informó que la Unidad de Inteligencia Financiera había identificado indicadores relacionados con posibles operaciones de lavado de dinero: movimientos en efectivo, adquisición de vehículos de lujo, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, tarjetas de crédito y activos virtuales.
Nueva estrategia: atacar el sistema, no solo a los capos
La importancia del acontecimiento radica en que Estados Unidos ya no describe al narcotráfico mexicano únicamente como hombres armados que transportan droga. Habla de ecosistemas criminales, financieros, empresariales, políticos e institucionales. El administrador de la DEA, Terrance Cole, definió la nueva estrategia después de las sanciones de julio: Washington pretende perseguir al CJNG atacando a sus dirigentes, facilitadores, finanzas y las redes de las que depende.
Un cártel de las dimensiones del CJNG no puede existir únicamente gracias a sus sicarios. Necesita dinero que pueda incorporarse a la economía formal, empresas, propiedades, transportistas, operadores financieros, prestanombres, información, autoridades que no vean y, en determinados casos, autoridades que deliberadamente permitan. Por eso es particularmente grave el énfasis en las redes de protección política y corrupción institucional alrededor de las organizaciones criminales mexicanas.
Implicaciones para México
No significa que todo funcionario sea corrupto, ni que cada empresario con contacto indirecto sea cómplice. Significa que para Washington el fenómeno criminal mexicano ha alcanzado una dimensión en la cual resulta imposible separar completamente al narcotraficante de las estructuras económicas, financieras, administrativas y políticas que hacen posible su supervivencia.
El CJNG fue designado por Estados Unidos como Foreign Terrorist Organization en febrero de 2025. Desde entonces, el vocabulario jurídico y político estadounidense dejó de ser el mismo: ya no se habla solo de perseguir narcotraficantes, sino de desmantelar una organización terrorista y perseguir a quienes la financian, facilitan o protegen.
Normalización del crimen
La pregunta es: ¿cómo llegamos a este punto? La respuesta es que después de décadas de normalización. Normalizamos carreteras controladas por grupos criminales, empresarios pagando derecho de piso, candidatos amenazados, presidentes municipales asesinados, policías infiltradas, territorios donde todos saben quién manda, fortunas inexplicables y empresas que crecen rápidamente sin preguntarnos por qué. Y quizá lo más grave: normalizamos el silencio.
El narcotráfico dejó de ser una actividad clandestina cuando consiguió penetrar la vida cotidiana. Parte del sector privado mexicano pensó que era un problema exclusivo de policías, fiscales y militares. No lo es. Una organización criminal necesita proveedores, transporte, inmuebles, combustible, telecomunicaciones, servicios financieros, construcción, comercio y mecanismos para transformar recursos ilícitos en patrimonio aparentemente legítimo.
Respuesta necesaria
Combatir a los cárteles también significa impedir que sus recursos encuentren acomodo en la economía formal. El empresario que conscientemente presta su compañía para lavar dinero no es una víctima, es parte de su infraestructura. El servidor público que proporciona protección es parte del problema. Y el político que acepta recursos criminales descubre tarde que quien financia también cobra.
México tiene razón al exigir respeto a su soberanía, pero la soberanía no puede ser una palabra para evitar preguntas incómodas. La mejor defensa de la soberanía es recuperar las instituciones y los territorios que el crimen organizado intenta capturar. México debe perseguir a los narcotraficantes y su dinero, identificar empresas fachada, investigar patrimonios inexplicables, fortalecer controles antilavado, proteger denunciantes, impedir financiamiento criminal de campañas y hacerlo sin considerar colores partidistas.
Las acciones estadounidenses contra el CJNG deben entenderse conjuntamente: sanciones económicas, acusaciones penales, restricciones migratorias, recompensas, persecución de estructuras financieras y señalamiento de quienes proporcionan protección política. Washington está diciendo que atacará al narcotráfico como sistema, no solo como organización armada.
México debería escuchar el mensaje sin subordinación ni indiferencia. Demasiados mexicanos han sido asesinados, desaparecidos, desplazados, extorsionados o despojados por organizaciones criminales. Ellos deberían ocupar el centro de la reflexión. Aún podemos decidir, pero no podemos continuar fingiendo que basta con esperar a que policías, soldados, fiscales o gobiernos resuelvan solos un fenómeno que ha penetrado sectores enteros de la sociedad.
Llamado a la acción
La recuperación del país también necesita ciudadanos. Desde una empresa, revisemos con quién hacemos negocios. Desde una institución financiera, cumplamos seriamente los controles. Desde una organización empresarial, no protejamos a quien sabemos vinculado con actividades ilícitas. Desde el servicio público, rechacemos la presión criminal. Desde los medios y la academia, investiguemos. Desde la sociedad civil, denunciemos y exijamos. Desde la política, cerremos las puertas al dinero del narcotráfico.
Nadie está obligado a convertirse en héroe ni a exponerse irresponsablemente. El Estado tiene la obligación de proteger a quienes enfrentan al crimen. Pero todos podemos negarnos a normalizarlo. Cada contrato que no obtiene el crimen organizado, cada peso que no consigue lavar, cada espacio empresarial que se le cierra, cada funcionario que se niega a protegerlo y cada institución que conserva su independencia reducen su capacidad de dominar nuestra vida colectiva.
Los cárteles se hicieron poderosos porque consiguieron relaciones, dinero, miedo, silencio e influencia. Quitémosles esas cinco cosas. La batalla contra el crimen organizado no se decidirá solo en las montañas, las fronteras o los tribunales, sino también en nuestras empresas, gobiernos, instituciones y conciencias.
