La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido un requerimiento formal al Congreso del Estado de Puebla para que refuerce sus mecanismos internos de prevención ante expresiones discriminatorias. Esta acción se deriva directamente de las declaraciones realizadas por las diputadas Nayeli Salvatori Bojalil y Grace Palomares Ramírez, quienes, durante una transmisión en el podcast "Descasadas", utilizaron lenguaje despectivo hacia la población de la tercera edad, afirmando que los hombres mayores "huelen a baúl" y "se están pudriendo".
Pronunciamiento oficial sobre violación de derechos
A través del documento identificado como DGDDH/013/2026, el organismo federal detalló que dichas afirmaciones trascienden los límites constitucionales de la libertad de expresión. La CNDH sostiene que estas palabras promueven estigmas dañinos contra un sector específico de la sociedad, vulnerando así los derechos humanos fundamentales de las personas adultas mayores. El texto oficial clasifica explícitamente estos comentarios como una forma de edadismo, entendida como la discriminación basada en la etapa de vida de una persona.
Además, la comisión nacional calificó el acto como violencia institucional. Este término se aplica porque las declaraciones fueron proferidas por servidoras públicas que ostentan cargos de representación popular. En su posicionamiento, la CNDH reiteró que quienes ocupan estos puestos tienen la obligación ineludible de actuar bajo los principios de respeto, igualdad y no discriminación. Se advierte que las palabras de los legisladores influyen directamente en la percepción social y pueden contribuir a normalizar conductas excluyentes dentro de la ciudadanía.
Exhortación a la LXII Legislatura
Ante esta situación, la CNDH exhortó a la LXII Legislatura del Congreso de Puebla a implementar cambios estructurales en su marco normativo interno. Se pide específicamente el fortalecimiento de los códigos de ética parlamentarios y el establecimiento de mecanismos más estrictos que regulen la conducta de las y los diputados. Estas medidas deben abarcar tanto los actos oficiales como la presencia en redes sociales y plataformas digitales, con el objetivo claro de evitar la difusión de mensajes que atenten contra los derechos humanos.
El organismo recordó que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores reconoce jurídicamente el derecho de este grupo a vivir con dignidad, libres de cualquier forma de violencia o discriminación. Asimismo, se hizo énfasis en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, tratado del cual México es parte signataria. Este instrumento obliga a las autoridades nacionales a garantizar la inclusión social y el pleno reconocimiento de los adultos mayores como sujetos plenos de derechos, subrayando que la dignidad humana no disminuye con el paso del tiempo.
Reacción política y proceso interno
Las declaraciones provocaron una inmediata reacción negativa en diversas redes sociales y sectores de la sociedad civil, quienes denunciaron la reproducción de estereotipos ofensivos. Como consecuencia directa, el partido Morena inició un procedimiento interno para determinar si las legisladoras incurrieron en faltas que ameriten sanciones disciplinarias. Según informó la dirigencia nacional del partido, será la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la instancia encargada de resolver el expediente correspondiente.
Hasta la fecha, no existe una cronología definida para la emisión de una resolución final. No obstante, en conferencia de prensa, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, expresó su opinión personal indicando que, desde su perspectiva, las diputadas deberían ser suspendidas. Sin embargo, precisó que la decisión legal y partidista corresponde exclusivamente al órgano competente del movimiento. El partido también lanzó un llamado a toda su militancia para conducir su actuar con respeto, recordando que la defensa de los derechos de las personas adultas mayores constituye uno de sus principios rectores.
Este caso pone en evidencia la tensión entre la libertad de expresión individual y la responsabilidad institucional frente a grupos históricamente vulnerables. La respuesta de la CNDH busca establecer un precedente claro sobre las consecuencias del uso de lenguaje discriminatorio por parte de funcionarios públicos, mientras el proceso interno de Morena avanza hacia su resolución definitiva.
