La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), encabezada por Rosario Piedra, solicitó formalmente al Senado de la República que desestime su facultad constitucional de citar a comparecer a servidores públicos que rechazan o incumplen las recomendaciones del organismo, al considerar que se trata de “un acto meramente testimonial”.
En el oficio CNDH/P/0132/2026, enviado el 5 de marzo de 2026 a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Celeste Ascencio Ortega, la CNDH argumentó que “estas comparecencias no se traducen en una obligación para que las autoridades acepten los instrumentos y mucho menos para que los cumplan”. La misiva, firmada por la propia Piedra, representa un giro inédito en la postura del organismo, que hasta ahora había solicitado al Senado la comparecencia de funcionarios en 12 ocasiones desde 2019.
Antecedentes históricos de las comparecencias en el Senado
La facultad del Senado para citar a comparecer a servidores públicos que no aceptan recomendaciones de la CNDH fue incorporada en 2011 al artículo 102, Apartado B, de la Constitución. Sin embargo, en toda su historia, solo un funcionario ha sido llamado: Genaro García Luna, el 29 de noviembre de 2012, durante el último día del gobierno de Felipe Calderón. En esa ocasión, el entonces presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, solicitó la comparecencia de García Luna por su negativa a responder a las recomendaciones 62-212, 43-211, 38-212 y 1BG212, relacionadas con tortura y desaparición forzada. El Senado, entonces liderado por el priista Emilio Gamboa, atendió la petición de Luis Raúl González Pérez.
Ahora, en 2026, Rosario Piedra ha dado un paso atrás al solicitar que se ignoren las peticiones de comparecencia que ella misma había presentado. En el oficio, la CNDH indica que trabaja internamente en un nuevo modelo constitucional que sea más efectivo para garantizar el cumplimiento de sus recomendaciones, lo que ha generado críticas de colectivos de derechos humanos y de Vania Pérez, ex presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, quien calificó la medida como “un grave retroceso en la protección de las víctimas”.
Las 12 solicitudes de comparecencia congeladas
De acuerdo con el archivo electrónico de asuntos turnados, las comisiones de Derechos Humanos y de Gobernación del Senado tienen pendientes 12 solicitudes de la CNDH para citar a comparecer a servidores públicos. Entre ellas destacan:
- Martí Batres, titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por negarse a aceptar las Recomendaciones 180/2023, 241/2023 y 208/2024.
- Petróleos Mexicanos (Pemex) y Pemex Logística, por la negativa a aceptar la Recomendación 169/2023.
- Director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por rechazar la Recomendación 253/2024.
- Titular de la Secretaría del Bienestar, entonces Ariadna Montiel, por no aceptar la Recomendación 97/2023, sobre violaciones a derechos humanos relacionadas con violencia, igualdad y no discriminación.
Casos locales y educativos bajo la lupa
Las peticiones de la CNDH también incluyen a la rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, para que explique su negativa a aceptar la Recomendación 62/2020, sobre violaciones al derecho a la igualdad y no discriminación laboral y a la protección a la maternidad de las trabajadoras. Asimismo, se solicitó la comparecencia del presidente del Consejo Municipal de Mixtla de Altamirano, Veracruz, por la Recomendación 59/2019, relacionada con violaciones al derecho humano a la propiedad de una persona mayor de edad indígena.
En el ámbito local, se pidió citar al presidente municipal de Coatzacoalcos, Veracruz, por la Recomendación 52/2020, sobre la no aceptación de recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz en casos de violaciones a derechos humanos. También se incluye al Ayuntamiento de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, por la Recomendación 17/2020, y a la Fiscalía General del Estado de Tabasco, así como al gobernador de Tabasco, por la Recomendación 34VG/2020, que aborda violaciones graves como detención arbitraria, retención ilegal, desaparición forzada transitoria y tortura en agravio de una persona en el municipio de Comalcalco.
Reacciones y perspectivas
La petición de Rosario Piedra ha sido vista como una contradicción, ya que la CNDH había impulsado previamente estas comparecencias. Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación, argumentando que la medida debilita los mecanismos de rendición de cuentas y protección a las víctimas. Vania Pérez, ex presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, señaló que “dejar sin efectos estas solicitudes es un grave retroceso, pues las comparecencias son una herramienta clave para presionar a las autoridades a cumplir con las recomendaciones”.
Por su parte, la CNDH defiende que su nuevo modelo constitucional buscará mecanismos más efectivos, aunque no ha detallado en qué consistirá. Mientras tanto, las 12 solicitudes permanecen sin procesar en el Senado, y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Celeste Ascencio Ortega, no ha emitido una postura oficial al respecto.
