El Observatorio de Participación Política de las Mujeres encendió una alerta nacional al denunciar una estrategia coordinada —un “efecto dominó”— en los Congresos locales para desmantelar los avances en paridad sustantiva rumbo a 2027. Autoridades electorales, sociedad civil y legisladoras señalaron que se trata de una ofensiva patriarcal que busca “amarrar las manos” a las autoridades electorales y confinar a las mujeres a distritos perdedores. Ante ello, preparan un bloque jurídico para exigir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la interposición urgente de acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El plazo legal es de apenas 30 días hábiles, que ya están corriendo.
Reformas en Guerrero, Hidalgo, Guanajuato y Chihuahua
El foco rojo se encendió tras las recientes reformas electorales aprobadas en Guerrero, una propuesta en Hidalgo, así como intentos registrados en Guanajuato y Chihuahua. Según las integrantes del Observatorio, los partidos políticos locales han recurrido a “trampas en el lenguaje” para simular un espíritu democrático mientras imponen la gradualidad en la paridad vertical y horizontal, destruyendo el principio constitucional de la “paridad en todo”. El ámbito municipal es la trinchera del conflicto: actualmente, apenas 30% de los municipios en el país son gobernados por mujeres, y las nuevas legislaciones locales parecen diseñadas para congelar ese techo de cristal.
Las trampas del lenguaje: el “mundo al revés” en los estados
Durante la tercera sesión ordinaria del Observatorio, la senadora Malú Micher externó su preocupación por el cinismo con el que se presentan iniciativas en las entidades federativas para desvirtuar las conquistas históricas de las mujeres. Puso como ejemplo las mesas de discusión en Guanajuato para legislar una supuesta “violencia política” genérica, omitiendo la razón de género; una maniobra que pretendía victimizar a los hombres y neutralizar las herramientas de defensa de las mujeres. “Están presentando iniciativas verdaderamente vergonzantes en los estados... En Guanajuato, incorporar la violencia política así... Esta iniciativa de violencia política quiere decir que estaba presentada para apoyar y defender a la otra parte de la población, que es menos de la mitad, que son los hombres. Me parece increíble que, de esa manera, se quisiera abordar la disminución de la brecha de desigualdad”, criticó Micher.
La senadora calificó como el “mundo al revés” que delegaciones locales del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los tribunales electorales se hayan prestado a avalar institucionalmente este tipo de debates, y advirtió que la amenaza se desplaza hacia el norte del país: “En Chihuahua se va a volver también a presentar una iniciativa... ya se presentó y se quiere votar, la cual afecta significativamente los derechos políticos de las mujeres y la paridad”.
El laboratorio del retroceso: Guerrero e Hidalgo
La descripción técnica del agravio corrió a cargo de las defensoras de derechos humanos en Guerrero, quienes detallaron las aberraciones jurídicas contenidas en el Decreto 538, aprobado el pasado 2 de junio. Marina Reyna Aguilar, activista guerrerense, explicó que el Congreso local simuló crear una acción afirmativa (el Artículo 14 Bis) para obligar a postular exclusivamente a mujeres en los municipios que históricamente jamás han tenido una alcaldesa. Sin embargo, en lugar de aplicarla de inmediato para la elección de 2027, los diputados legislaron una “gradualidad” que posterga el derecho hasta la próxima década. Es decir, solo se obligará a postular mujeres en siete municipios en 2027, otros siete en 2030 y el último bloque en 2033, detalló Reyna Aguilar. Agregó que, dado que todos los partidos políticos fueron cómplices de este acuerdo, las ciudadanas están desarmadas localmente.
Por su parte, Muriel Salinas Díaz, de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, calificó la reforma como “regresiva” y denunció una violación flagrante a la Ley General de Partidos Políticos: el Congreso de Guerrero incluyó un artículo transitorio que exenta a los partidos, por única ocasión, de cumplir con los bloques de competitividad. Esto significa que los partidos políticos tendrán el aval legal para enviar a las mujeres a competir exclusivamente en los municipios donde saben que van a perder. Además, denunció que la reforma local incluyó un candado mordaza para el árbitro electoral del estado (IEPC), prohibiéndole adoptar cualquier medida o lineamiento que intente ampliar los derechos de las mujeres por encima del texto de la ley local: “El IEPC tiene amarradas las manos por este decreto”.
La preocupación escaló cuando la activista proderechos humanos Adriana Báez confirmó que el modelo de Guerrero ya comenzó a replicarse en otras regiones del país como una estrategia de contagio: “Incluso en estos momentos nos acaba de llegar información de que en Hidalgo también hay una iniciativa de reforma que propone una especie de gradualidad en la aplicación de la paridad en las presidencias municipales, en lo relativo a los bloques de competitividad”.
Urgencia de un frente común
Por parte de la estructura gubernamental, Anabel López, representante de la Secretaría de las Mujeres, respaldó la urgencia de construir un frente común para frenar el retroceso en los municipios, donde la resistencia de los liderazgos masculinos locales es más feroz. López señaló que la paridad lograda por la vía federal se está topando con pared: “La paridad horizontal y vertical (...) no ha sido suficiente para que la mitad de los municipios de este país sean gobernados por mujeres. Solamente contamos con el 30 por ciento... Me parece que si ahora que tenemos una legislación para la paridad en todo se empieza a legislar para poner freno al avance de la paridad... Estas reformas patriarcales muchas veces le encuentran ahí muchas trampas al lenguaje para presentarse como democráticas, pero que, al final, en el fondo, es limitar la participación de las mujeres”.
Contrarreloj jurídico ante el silencio de la CNDH
El nudo gordiano del problema radica en quién puede interponer el recurso legal para tirar estas contrarreformas en la Suprema Corte. La legislación mexicana estipula que ni la sociedad civil organizada ni las mujeres de manera individual tienen personalidad jurídica para presentar una acción de inconstitucionalidad; esta facultad es exclusiva de los partidos políticos —quienes votaron a favor por unanimidad— o de las comisiones de derechos humanos. Muriel Salinas Díaz lanzó un angustioso llamado de auxilio al Observatorio y a las autoridades federales, revelando que la CNDH había mantenido un silencio sepulcral ante las peticiones formales presentadas por las activistas mientras el plazo legal expira.
“Fue una aprobación con voto unánime en el Congreso de Guerrero. Entonces, simplemente sí nos costaría a nosotras, desde la red para el avance político, hacerles un llamado atento a quienes integran el Observatorio para hacerle un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que atienda esto... El tiempo corre; corrían 30 días hábiles desde el 2 de junio para que se presente la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. El gran riesgo es que siente un precedente esta reforma que puede desencadenar una ola de reformas regresivas en otras entidades federativas que contravienen el principio de paridad constitucional”, concluyó Salinas.
El Observatorio acordó de manera urgente instalar mesas de trabajo políticas y técnicas para forzar un canal de comunicación con la CNDH y construir los argumentos jurídicos que se llevarán ante la Suprema Corte. Al final de la sesión, la representación de la CNDH presente se comprometió a conocer del asunto y revisar con las activistas el tema para definir el camino rumbo a la acción de inconstitucionalidad.
