El presidente Donald Trump firmó el jueves un decreto ejecutivo diseñado para impedir lo que su administración denomina "turismo de nacimiento", una práctica mediante la cual mujeres extranjeras viajan a Estados Unidos para dar a luz y así otorgar automáticamente la ciudadanía estadounidense a sus hijos. Esta acción representa un nuevo intento del mandatario por restringir el derecho de ciudadanía por suelo, conocido como jus soli, después de que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos anulase hace poco más de un mes un decreto anterior que buscaba suprimir este derecho para los hijos de inmigrantes en situación irregular.
Enfoque en visas y organizaciones extranjeras
Stephen Miller, uno de los asesores más cercanos de Trump, detalló que el nuevo decreto no ataca directamente la Enmienda 14 de la Constitución, sino que implementa medidas administrativas para negar la ciudadanía a hijos de miembros de "organizaciones terroristas extranjeras" y de "amplias categorías de personas que presionan y actúan en nombre de gobiernos extranjeros". Miller afirmó que esta normativa "garantiza que un gran número de personas que equivocadamente estarían obteniendo la ciudadanía por nacimiento ya no serán elegibles para esos beneficios".
La estrategia incluye una revisión estricta de las solicitudes de visa. El decreto adopta medidas destinadas a combatir estas prácticas organizadas centrándose en negar visas tanto a los padres participantes como a las personas que organizan estas redes. Según indicó el asesor presidencial, las autoridades se basarán en motivos fundados para creer que los viajeros tienen como propósito exclusivo dar a luz en territorio estadounidense.
Contexto legal y la Enmienda 14
Los esfuerzos de Trump para limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento se inscriben en una campaña más amplia para restringir la inmigración, la cual también contempla la expulsión de millones de migrantes indocumentados y la eliminación del estatuto de protección temporal para nacionales de más de una docena de países. Sin embargo, el marco legal vigente protege fuertemente el principio de ciudadanía por nacimiento.
La Enmienda 14 a la Constitución estadounidense, aprobada tras la Guerra de Secesión para proteger los derechos de los antiguos esclavos, establece explícitamente el derecho a la ciudadanía para quienes nacen en el territorio estadounidense, salvo excepciones muy concretas. Esta doctrina fue ratificada por la mayoría de la Corte Suprema en su sentencia del 30 de junio, donde los jueces indicaron que "los niños nacidos en Estados Unidos de padres que se encuentran en el país ilegalmente o de forma temporal están 'sujetos a la jurisdicción' de Estados Unidos y son ciudadanos desde su nacimiento".
Divergencias sobre la aplicación de visas
A pesar de la claridad constitucional, la legislación actual permite que un responsable de un consulado estadounidense pueda denegar un visado a un no residente si sospecha que viaja al país con el fin específico de dar a luz. No obstante, críticos del sistema señalan que el problema radica en las futuras madres que solicitan simplemente el permiso de entrada como turistas, sin requerir un visado especial, lo que dificulta la intervención consular previa al nacimiento.
Al firmar este nuevo decreto, la administración Trump busca sortear la barrera constitucional establecida por la Suprema Corte mediante restricciones administrativas y migratorias dirigidas a grupos específicos considerados amenazas o abusadores del sistema. La medida entrará en vigor inmediatamente, marcando un punto de inflexión en la política migratoria estadounidense y generando incertidumbre sobre cómo se aplicarán estas nuevas normas de elegibilidad para la ciudadanía en los próximos meses.
