Ante la grave crisis de agua que enfrenta San Luis Potosí, el Consejo Hídrico Estatal ha emitido un posicionamiento en el que insta a ampliar el debate sobre el recurso más allá de su disponibilidad. El organismo señala que es crucial analizar cómo se distribuye el agua, quién decide su aprovechamiento y qué sectores quedan excluidos de su acceso.
Justicia hídrica como eje rector
El Consejo subraya la necesidad de incorporar el enfoque de “justicia hídrica” en la gestión del agua, rechazando la visión del recurso como una mercancía. En su lugar, plantea que debe ser considerado un derecho humano y un bien colectivo, garantizado de manera equitativa, democrática y sustentable.
De acuerdo con el organismo, las brechas en el acceso al agua no se deben únicamente a condiciones naturales, sino a decisiones políticas, económicas y territoriales que históricamente han favorecido a sectores como el industrial, inmobiliario y zonas urbanas consolidadas. En contraste, comunidades rurales, periurbanas y pueblos originarios padecen escasez, baja calidad o suministro irregular.
Acumulación y despojo hídrico
El Consejo Hídrico Estatal advierte que esta situación ha generado conflictos y procesos de concentración del recurso en grupos con mayor poder económico y político, fenómeno que califica como acumulación y despojo hídrico.
Para transformar la administración del agua, el organismo sostiene que es necesario modificar las reglas sobre concesiones, distribución y proyectos hidráulicos, y no limitarse a ampliar infraestructura o buscar nuevas fuentes. Asimismo, destaca la importancia de priorizar el consumo humano y la preservación de ecosistemas, impulsar la participación ciudadana, reconocer sistemas comunitarios de gestión, y fortalecer la transparencia y rendición de cuentas.
Protección de acuíferos y biodiversidad
El Consejo enfatiza que la protección de acuíferos, zonas de recarga y biodiversidad es fundamental para asegurar la disponibilidad futura del agua en la entidad.
Finalmente, reitera que impulsar la justicia hídrica implica replantear el modelo de desarrollo, la planeación urbana y la gestión institucional del agua, con el objetivo de construir un sistema más incluyente y sostenible donde el acceso al recurso sea un derecho garantizado para toda la población, y no un privilegio.
