Organizaciones civiles, académicos y defensores de derechos humanos han alzado la voz para exigir que el agua sea blindada como un derecho humano en la Constitución mexicana, y no sea tratada como una mercancía sujeta a las leyes del mercado. La petición surge en medio de un debate sobre reformas legales que, según los críticos, priorizan la privatización del recurso hídrico.
Movimiento por el agua como derecho
Diversas colectivas, entre ellas la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, han presentado una propuesta de reforma constitucional para garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano fundamental. La iniciativa busca modificar el Artículo 4 de la Constitución para que el Estado mexicano esté obligado a proveer agua de calidad y en cantidad suficiente a toda la población, sin discriminación.
Los activistas señalan que, actualmente, el agua es gestionada bajo un enfoque mercantilista que favorece a grandes corporaciones y deja desprotegidas a las comunidades más vulnerables. “El agua no es una mercancía, es un bien común y un derecho humano”, declaró María Luisa Albores, representante de la organización Agua para Todos.
Reformas en curso y críticas
La propuesta de blindaje constitucional surge como respuesta a las recientes modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, que, según los opositores, abren la puerta a la privatización del servicio. Dichas reformas, impulsadas por el gobierno federal, establecen mecanismos para la concesión de permisos de extracción y uso del agua a empresas privadas, bajo el argumento de fomentar la inversión y la eficiencia en el manejo del recurso.
Sin embargo, los críticos argumentan que estas medidas profundizan la desigualdad en el acceso al agua y ponen en riesgo la soberanía hídrica del país. “Estamos viendo cómo se entrega el agua a manos privadas sin una regulación adecuada, lo que ya ha provocado conflictos en comunidades indígenas y rurales”, afirmó el investigador del Instituto de Ecología, Juan Carlos Martínez.
Apoyo internacional y movilizaciones
La iniciativa ha recibido el respaldo de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que ha instado a México a adoptar medidas concretas para garantizar el derecho al agua. Asimismo, se han programado movilizaciones en diversas ciudades del país para exigir que el Congreso de la Unión apruebe la reforma constitucional.
En la Ciudad de México, una marcha convocada por el Frente en Defensa del Agua reunió a más de 5 mil personas, quienes portaron carteles con leyendas como “El agua es vida, no negocio” y “Agua para todos, no para unos cuantos”. Los manifestantes entregaron un documento en la Cámara de Diputados solicitando que se priorice el interés social sobre el económico en la gestión del agua.
Postura del gobierno
Por su parte, el gobierno federal ha defendido sus reformas, asegurando que buscan modernizar el sistema hídrico del país y atraer inversiones para mejorar la infraestructura. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió un comunicado en el que afirma que “la participación privada no implica privatización del agua, sino una colaboración para hacer más eficiente su uso y distribución”.
No obstante, los activistas consideran que estas declaraciones son insuficientes y reiteran la necesidad de un blindaje constitucional que impida cualquier intento de mercantilización del agua. “No podemos dejar que el agua sea tratada como una mercancía más; es un derecho humano que debe estar por encima de cualquier interés económico”, concluyó Albores.
