Hermosillo arde en invierno y exige la luz como derecho constitucional
Mientras gran parte del hemisferio norte se enfrenta al frío invernal, la capital de Sonora, Hermosillo, registra temperaturas que superan los 45 grados Celsius, convirtiéndose en uno de los puntos más calientes del planeta. Este calor extremo, que persiste desde octubre, ha desencadenado una movilización social liderada por Ignacio Peinado Luna, de la Unión de Usuarios de Hermosillo, para elevar el acceso a la energía eléctrica a rango constitucional, similar al agua potable o el internet.
Una lucha por la supervivencia frente al cambio climático
En un estado donde los recibos de luz oscilan entre mil 500 y 5 mil pesos mensuales, la refrigeración ha dejado de ser un lujo para convertirse en una herramienta esencial para la supervivencia. Peinado Luna advierte que las altas temperaturas, que no ceden en otoño e invierno, afectan gravemente la salud, la economía y las finanzas familiares. La organización civil busca establecer tarifas justas y evitar que las familias queden a oscuras por la imposibilidad de pagar costos desproporcionados.
Fundamentos legales y avances en subsidios
La batalla se apoya en un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que define la energía como un presupuesto indispensable para el goce de derechos fundamentales como la salud, alimentación y vivienda digna. Así como la reforma a la Ley Nacional de Aguas protegió el acceso al agua, la unión pretende lograr lo mismo con la electricidad. Ya se han logrado avances, como la ampliación del subsidio de verano (tarifa 1-F) de seis a siete meses y la reducción de tarifas altas, pero el objetivo final es el reconocimiento constitucional.
Impacto nacional y antecedentes jurídicos
Peinado Luna destaca que reconocer la electricidad como derecho humano beneficiaría a millones de familias en estados como Sonora, Sinaloa, Baja California, y otros más afectados por el calor. En 2019, el Poder Judicial Federal emitió un criterio jurisprudencial que sostiene que el acceso a la energía eléctrica debe ser reconocido como derecho humano por ser esencial para múltiples garantías fundamentales. Esta lucha no solo busca aliviar la carga económica, sino también proteger derechos como la vida y la salud en un contexto de cambio climático acelerado.
