Descubren desvío millonario de agua potable en sistema de Veracruz
Una inspección del Instituto Metropolitano del Agua (IMA) reveló una conexión clandestina que desviaba aproximadamente 3 millones 888 mil litros diarios de agua potable hacia Boca del Río, Veracruz. El organismo ordenó de manera inmediata el retiro de esta infraestructura ilegal a la concesionaria Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS), quien no pudo acreditar autorización legal alguna para su operación.
Inspección detalla el recorrido de la línea clandestina
La irregularidad fue identificada durante una visita de verificación realizada el 19 de febrero, donde inspectores localizaron una línea que extraía agua directamente de la Planta Potabilizadora 1, conectada al tanque del Médano del Perro. El trayecto documentado incluye:
- Paseo Armada de México y Díaz Mirón
- Cruce del bulevar Adolfo Ruiz Cortines
- Conexión a la red de agua potable del fraccionamiento Costa de Oro
- Posible incorporación a un tanque cisterna en instalaciones del CAB
En el punto inspeccionado se encontraron válvulas de control y equipos de medición que registraban un flujo superior a 45 litros por segundo, equivalente a la impactante cifra diaria mencionada.
Consecuencias graves para la distribución equitativa del agua
El IMA informó que este volumen extraído ilegalmente reduce significativamente la disponibilidad de agua para el municipio de Veracruz, afectando la distribución equitativa del recurso entre todos los usuarios. El organismo señaló que la extracción continua representa un desvío hacia otra demarcación sin la documentación legal correspondiente, generando afectaciones directas al sistema de abastecimiento de agua local.
Procedimientos legales y notificaciones formales
Con base en la Ley Orgánica del Municipio Libre y su marco normativo, el Instituto Metropolitano del Agua notificó formalmente a Grupo MAS sobre la obligación de retirar la conexión ilegal de inmediato. Además, el caso será presentado ante el Consejo Consultivo Ciudadano como punto de acuerdo específico.
En esta instancia se revisará minuciosamente la información proporcionada por la concesionaria para determinar responsabilidades y, en su caso, iniciar los procedimientos legales correspondientes conforme a la legislación vigente. Esta acción busca establecer precedentes contra las prácticas irregulares en el manejo de recursos hídricos.
