Diputada de Morena denuncia provocación de alcaldesa en operativo contra ambulantes
La diputada Diana Sánchez Barrios, integrante de la bancada de Morena, ha acusado a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, de provocar con violencia a un grupo de comerciantes informales durante un operativo de retiro realizado el viernes pasado. Esta declaración surge como respuesta a las acusaciones previas de la alcaldesa, quien señaló a Sánchez Barrios como responsable de enviar a unas 100 personas para agredir a funcionarios municipales.
Conferencia de prensa y detalles del conflicto
En una conferencia de prensa, acompañada por el vocero de Morena, Paulo García, Sánchez Barrios describió el operativo como un acto de confrontación deliberado. "Ella realmente fue a provocar con violencia, llevaba todo un grupo de policías, llevaba a todo su equipo para confrontar. Lo que quería era desatinar la necesidad de los comerciantes en el espacio público", afirmó la diputada, quien también es parte de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente.
Además, Sánchez Barrios destacó que no hay evidencia en video de que los ambulantes hayan tocado a la alcaldesa, pero sí de que su equipo violentó, insultó, discriminó y agredió a mujeres comerciantes. Esto ha generado una escalada en las tensiones entre las autoridades locales y los vendedores informales.
Antecedentes y acuerdos previos
La diputada recordó que los ambulantes involucrados originalmente se ubicaban en el túnel de la Glorieta de Insurgentes. En 2024, llegaron a un acuerdo temporal con el entonces alcalde interino Raúl Ortega para reubicarse en Ribera de San Cosme. Este acuerdo buscaba regularizar su situación, pero el reciente operativo ha puesto en riesgo dicha estabilidad.
Denuncias y repercusiones legales
Según Sánchez Barrios, los comerciantes han presentado 12 denuncias formales ante las autoridades, alegando que fueron golpeados por funcionarios de la alcaldía durante el operativo. La diputada adelantó que "habrá más denuncias", lo que sugiere que el conflicto podría intensificarse en los próximos días. Estas acciones legales podrían llevar a investigaciones más profundas sobre el uso de la fuerza en el manejo del comercio informal en la Ciudad de México.
El caso subraya los desafíos persistentes en la gestión del espacio público y los derechos de los trabajadores informales, un tema recurrente en la política local. La situación sigue en desarrollo, con posibles implicaciones para la gobernabilidad en Cuauhtémoc y la relación entre diferentes niveles de gobierno.
