Fiscalía CDMX profundiza investigación por derrumbe mortal en San Antonio Abad
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) avanza en una investigación exhaustiva sobre el derrumbe ocurrido el pasado 9 de marzo en el inmueble ubicado en San Antonio Abad 124, donde perdieron la vida tres trabajadores durante labores de demolición. La titular de la institución, Bertha Alcalde, confirmó que las líneas de investigación incluyen desde fallas técnicas en el proceso de demolición hasta la posible responsabilidad penal de autoridades por omisiones en la supervisión o autorización de la obra.
Disputa política en torno a las responsabilidades
La indagatoria se desarrolla en un escenario marcado por una aguda disputa política entre diferentes niveles de gobierno. Por un lado, el gobierno central de la Ciudad de México, encabezado por la morenista Clara Brugada, sostiene que la supervisión de la demolición correspondía exclusivamente a la alcaldía Cuauhtémoc. Por otro lado, la demarcación gobernada por la opositora Alessandra Rojo de la Vega insiste en que la autorización provino de instancias capitalinas bajo un esquema de "facilidades administrativas" derivado de la política de reconstrucción post-sismos.
Durante su primer informe mensual, la fiscal Alcalde declaró: "La investigación está avanzando, estamos haciendo una investigación muy rigurosa relacionada con distintas líneas de investigación que se requiere agotar". Entre estas líneas se encuentran:
- Posibles fallas técnicas en el proceso de demolición
- Incumplimientos en medidas de seguridad y protección civil
- Omisiones normativas y de obtención de permisos
- Eventual omisión en la supervisión o autorización por parte de autoridades
Enfoque en la dimensión penal
La fiscal enfatizó que se investiga específicamente la responsabilidad penal, no meramente administrativa. "Es una línea de investigación que vamos a agotar, para determinar si hay omisiones, de quién, y si estas omisiones están vinculadas al caso de manera causal", afirmó Alcalde. Aunque hasta el momento no se han señalado funcionarios específicos, la investigación contempla exhaustivamente esta posibilidad.
El 17 de marzo, el titular de la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini, afirmó que los acuerdos de facilidades administrativas "no sustituyen las atribuciones legales de las alcaldías" y que sus obligaciones de supervisión "son ineludibles e inobjetables". En respuesta, la alcaldesa Rojo de la Vega reiteró que "el edificio de San Antonio Abad 124 se derrumbó durante una demolición autorizada por el Gobierno de la Ciudad. No por la Alcaldía", señalando que su demarcación había negado el permiso tras detectar "10 riesgos graves".
Detalles del trágico suceso
El derrumbe ocurrió la tarde del 9 de marzo durante trabajos de demolición cuando tres losas colapsaron mientras trabajadores realizaban labores de desmontaje. En el sitio se encontraban 13 personas: una resultó lesionada con politraumatismo, tres quedaron atrapadas bajo los escombros y fallecieron, y el resto no presentó afectaciones. Las víctimas mortales fueron identificadas como Marcelino Moreno, Iván Raúl Vega Montiel y Angélico Mejía.
El operativo de rescate involucró a múltiples instituciones:
- Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC)
- Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México
- Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM)
- Personal de la Secretaría de Marina (SEMAR)
- Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
El inmueble, con una antigüedad estimada de entre 50 y 60 años, presentaba daños estructurales derivados de los sismos de 1985 y 2017, por lo que había sido dictaminado para demolición. Según Myriam Urzúa, titular de la SGIRyPC, los permisos para los trabajos fueron otorgados a finales de octubre de 2025 y la demolición inició entre finales de diciembre y enero.
Avance de la investigación
La fiscal Alcalde precisó que la empresa responsable de la demolición ya ha tenido acercamientos con la Fiscalía y entregó información solicitada. "Vamos a estar en muchísima comunicación con las víctimas para determinar el proceder en este caso", afirmó, mencionando la posibilidad de acuerdos reparatorios o la judicialización del caso.
Al ser cuestionada sobre si las obras de la denominada "calzada flotante" en Tlalpan —impulsadas por el Gobierno de la Ciudad de México rumbo al Mundial de 2026— pudieron influir en el derrumbe, respondió que no es la principal línea de investigación, pero no puede descartarse completamente.
A más de dos semanas del trágico suceso, la Fiscalía capitalina mantiene abiertas todas las líneas de investigación sin haber informado conclusiones definitivas sobre las causas del derrumbe ni sobre posibles imputaciones. La demolición permanece suspendida mientras continúan las indagatorias ministeriales.
