En la Segunda Sesión Ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, destacó los avances del gobierno mexicano para enfrentar la crisis de desapariciones. La Secretaría ha impulsado medidas para que la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas sea más simplificada, rápida y eficaz desde las instituciones gubernamentales.
Rechazo al informe de la ONU
El pasado dos de abril, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) solicitó al Secretario General de la ONU remitir urgentemente la situación de México a la Asamblea General. El gobierno mexicano rechazó el informe, argumentando que omitió los avances institucionales desde 2018, como las reformas estructurales para prevenir desapariciones y garantizar rendición de cuentas.
Avances bajo la administración de Sheinbaum
La Secretaría de Gobernación, bajo la supervisión de Rosa Icela Rodríguez, ha implementado diversas acciones. Durante 2025, se realizaron más de 450 reuniones con colectivos de búsqueda y familiares, recabando 570 propuestas legislativas. Estas mesas de diálogo, encabezadas por Rodríguez, contaron con la participación de 17 dependencias, incluyendo la Dirección General de Registro Nacional de Población, la Fiscalía General de la República, la Consejería Jurídica, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México.
Ejes de trabajo y reformas clave
Las propuestas se basan en cinco ejes: búsqueda y seguridad; identificación humana forense; bases de datos y sistemas de información; bienestar; y prevención. Se destaca un decreto presidencial que reconoce el derecho humano a ser encontrado y el derecho de las víctimas a buscar a sus familiares, así como reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada. De estas reformas derivan diez puntos clave:
- Creación de una Plataforma Única de Identidad que integra la CURP con huella y fotografía desde el nacimiento.
- Alerta Nacional para la Búsqueda, Localización e Identificación con activación inmediata en todo el país.
- Base Nacional de Carpetas de Investigación actualizada en tiempo real por las fiscalías.
- Vinculación de sistemas y registros de autoridades de los tres niveles de gobierno con la Plataforma Única de Identidad.
- Obligación de particulares (laboratorios, funerarias, hospitales) de habilitar servicios gratuitos de consulta y acceso a bases biométricas.
- Fortalecimiento institucional de fiscalías con unidades de análisis de contexto, búsqueda inmediata y de larga data.
- Inicio inmediato de investigaciones al recibir un reporte, notificando a la Fiscalía Especializada y a la Comisión Nacional de Búsqueda.
- Capacitación y profesionalización continua del personal ministerial, policial y pericial.
- Obligación de alimentar el Banco Nacional de Datos Forenses, con sanciones por incumplimiento.
- Sanciones administrativas a particulares que nieguen acceso a información.
Retos persistentes
Pese a los avances, el fenómeno de desapariciones sigue creciendo. Según el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, en 2025 se registraron 128 mil casos, vinculados al enfrentamiento de grupos del crimen organizado. La administración ha publicado el Protocolo Nacional para la Activación de la Alerta Nacional de Búsqueda, que instaura difusión masiva de fichas y coordinación entre fiscalías. Aún persisten retos como el apoyo integral a víctimas, protección de datos personales y prevención de nuevos casos.
