El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) enfrenta un plazo límite este miércoles 13 de mayo para demostrar ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa que está realizando las acciones necesarias para restituir el edificio ubicado en Antonio Caso 104 y 108 a sus legítimos propietarios. Este inmueble ha permanecido invadido durante 22 años, desde 2004.
Sentencia judicial y prórrogas
En febrero pasado, el juzgado emitió una sentencia que ordenaba al INVI ejecutar el desalojo y la entrega material del inmueble a más tardar el 11 de marzo. Sin embargo, el instituto no cumplió en su totalidad, lo que llevó a que se otorgara una primera prórroga. Posteriormente, el propio INVI, encabezado por Inti Muñoz, secretario de vivienda y director general, solicitó una extensión adicional que vence mañana.
Exigencias de los propietarios
Los dueños del edificio expresaron a Excélsior que no aceptarán la devolución del inmueble en las condiciones actuales, ya que en 2019 el Instituto para la Seguridad de las Construcciones determinó que la estructura presenta un alto riesgo de colapso. Por ello, exigen una compensación económica que incluya el valor del terreno, el costo de la construcción (3 mil metros cuadrados), las rentas caídas desde 2004 y una indemnización por daño moral debido a los 22 años de litigio.
“El INVI no nos lo puede regresar porque ¿cómo nos regresa un edificio que está en alto riesgo de colapso? En la ley de amparo está establecido que te pueden dar un bien sustituto, que es el dinero que cuesta ese bien, entonces nos lo van a tener que pagar”, declaró uno de los propietarios.
Rentas caídas y daños
En cuanto a las rentas caídas, los dueños detallaron que se deben calcular todos los ingresos que no pudieron percibir desde 2004 hasta la fecha, correspondientes a 34 departamentos y 9 locales comerciales. Además, señalaron que el INVI ha mantenido el control del inmueble desde su invasión, según lo reconoció el amparo 1454/2022.
Intento de expropiación
Excélsior publicó el 17 de marzo que los propietarios lucharon durante más de dos décadas en tribunales para recuperar su edificio. En dos ocasiones, el INVI intentó expropiar el inmueble para construir vivienda social, pero el poder judicial determinó que la expropiación no era procedente.
El pasado 26 de febrero, el juzgado ordenó al INVI “emitir las órdenes y realizar las actuaciones administrativas que legalmente le correspondan para llevar a cabo el desalojo y la entrega material del inmueble”. Sin embargo, la orden no se cumplió a cabalidad, lo que derivó en las prórrogas mencionadas.
Ahora, el INVI tiene hasta mañana para demostrar avances concretos, de lo contrario, podría enfrentar nuevas sanciones legales.
