Vecinos y autoridades de Miguel Hidalgo se oponen al Plan General de Desarrollo de la CDMX
En la alcaldía Miguel Hidalgo, una fuerte oposición vecinal ha surgido contra el Plan General de Desarrollo (PGD) de la Ciudad de México para el periodo 2025-2045. Los residentes manifiestan una profunda desconfianza hacia el contenido del documento, al considerar que pasa por encima de las figuras de representación vecinal, específicamente los Comités de Participación Ciudadana (Copacos), y invade las atribuciones propias de las alcaldías.
Centralización y creación de burocracia
El punto más crítico radica en la propuesta de crear 21 Casas de Gobierno, que según los opositores, solo generarían más burocracia y restarían recursos financieros a las demarcaciones para ejecutar obras públicas. El alcalde Mauricio Tabe ha respaldado públicamente la posición de los vecinos, revelando que en una reunión con diputados de Morena, el 95 por ciento de los asistentes rechazó el PGD.
Acompañado por representantes de varios Copacos, el edil cuestionó abiertamente la necesidad de las Casas de Gobierno. "Aquí advertimos la preocupación de que se invadan competencias de las alcaldías... No se necesitan delegados del Gobierno central para cubrir las necesidades de la ciudadanía", afirmó Tabe. Subrayó que con una coordinación efectiva a través del Cabildo, ya establecida constitucionalmente, se pueden atender las demandas vecinales.
Advertencia sobre concentración de poder
El alcalde advirtió que esta propuesta busca centralizar y concentrar la toma de decisiones. Aclaró que, aunque los Copacos no desaparecerían formalmente, el plan les restaría peso político y operativo, señalando que "ahí está el truco". Por ello, exigió que antes de implementar cualquier Plan General de Desarrollo, se discuta y reformule la distribución de recursos para las alcaldías.
Tabe argumentó que Miguel Hidalgo no puede seguir siendo la "mina de oro" del Gobierno local, ya que es la demarcación que más contribuye con el pago de predial a la ciudad, sin que esos recursos se traduzcan en obras y servicios suficientes para sus colonias. Enfatizó que no se trata de un pleito entre gobiernos, sino de una lucha por la justicia para los vecinos.
Deficiencias legales y falta de transparencia
Por su parte, Gabriela Salido, directora ejecutiva de Planeación y Desarrollo Urbano de la alcaldía, señaló que el documento gubernamental presenta una serie de deficiencias en el proceso legal. Explicó que, oficialmente, la alcaldía no ha sido requerida para emitir una opinión técnica sobre el PGD, el cual solo está disponible en la plataforma digital Plaza Pública, con acceso limitado a internet.
"Existe una preocupación sobre la legalidad del procedimiento y sobre la posibilidad de que todos nuestros vecinos y vecinas tengan acceso a esta información", expuso Salido. Destacó la ironía de que un documento que tendrá rango de ley y una vigencia de dos décadas, no garantice la participación informada de la ciudadanía.
Posible controversia constitucional
Ante este escenario, el alcalde Mauricio Tabe no descartó la posibilidad de presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Plan General de Desarrollo de la CDMX. Insistió en que, antes de hablar de un Programa de Ordenamiento Territorial que podría tener pretensiones ocultas para explotar el suelo de Miguel Hidalgo, es fundamental establecer reglas claras sobre cómo se asignarán los beneficios del desarrollo y cómo estos realmente beneficiarán a los residentes de la alcaldía.
La disputa evidencia una tensión creciente entre el gobierno central de la Ciudad de México y las alcaldías, particularmente en aspectos de autonomía, distribución de recursos y mecanismos de participación ciudadana. Los vecinos de Miguel Hidalgo han dejado claro que no permitirán que decisiones fundamentales para su futuro se tomen sin su consentimiento y participación activa.
