Violencia político-electoral se concentra en 6 estados con alta fragmentación criminal
Violencia política se concentra en 6 estados con crimen

Violencia político-electoral se intensifica en seis estados con alta fragmentación criminal

Pese a no ser un año de elecciones federales, 2025 se posicionó como el segundo año más agresivo desde 2018, con un total de 382 casos registrados. Esta violencia se agudiza en regiones donde convergen la fragmentación criminal y la debilidad institucional, según un informe de Integralia.

Concentración territorial en municipios vulnerables

Los casos de violencia política durante 2025 se concentraron en 11 municipios de seis entidades: Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Puebla y Guanajuato. Estos territorios se caracterizan por la presencia de organizaciones criminales, disputas por el control territorial y limitaciones institucionales a nivel local. El documento detalla que el incremento de 383.5% frente a 2019 sugiere que la violencia política se ha desvinculado parcialmente de los ciclos electorales.

Sin embargo, la violencia político-electoral se intensifica en la antesala de procesos electorales. El primer semestre concentró 254 incidentes, frente a 128 en la segunda mitad del año, con picos en mayo y junio. Esto indica que la proximidad a jornadas electorales —incluso parciales— sigue siendo un detonante clave para el uso de la violencia como mecanismo de presión política.

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Distribución por entidades y tipos de violencia

Por entidad, los mayores registros se concentraron en Veracruz con 104 casos, Guerrero con 34, Morelos con 32, Oaxaca con 29, Puebla con 26 y Guanajuato con 21. En contraste, Yucatán no reportó casos, mientras que estados como Zacatecas, Querétaro, Nayarit y Campeche registraron un caso cada uno.

Los municipios continúan siendo el principal foco de vulnerabilidad, con el 79.3% de los casos registrados. Entre los municipios más afectados se encuentran Tijuana, Mexicali, Culiacán, Coxquihui, Córdoba, Veracruz, Puebla, Celaya, Uruapan, Cuauhtémoc y Chilpancingo.

Por tipo de violencia político-electoral, 188 correspondieron a homicidio doloso; 96, a amenazas; 50, atentados con armas de fuego; 24, secuestros; 18, a desapariciones, y seis fueron catalogados como otros. El asesinato se consolidó como el principal mecanismo, representando casi la mitad de los incidentes (49.2%), lo que refleja una escalada en la letalidad.

Víctimas y factores estructurales

Quienes más sufrieron agresiones fueron aspirantes y candidatos, con 57 casos; figuras políticas y excandidatos, con 57, y funcionarios y exfuncionarios, con 268 casos. Los municipios y sus funcionarios se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad frente a otros órdenes de gobierno.

De acuerdo con Integralia, ello obedece a factores estructurales como policías e instituciones de procuración de justicia débiles, limitaciones presupuestales para su fortalecimiento y escasa o nula presencia de corporaciones estatales o de las instituciones de seguridad federales. Ejemplos recientes incluyen el asesinato del edil de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, en noviembre pasado durante un acto público.

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