Explosión de motocicletas en la capital exige marco regulatorio integral
La Cámara de Diputados se convirtió en escenario de un debate crucial sobre la regulación del uso de motocicletas, un tema que adquiere urgencia ante el crecimiento exponencial del transporte motorizado de dos ruedas en la Ciudad de México y su zona metropolitana. Las cifras revelan una transformación profunda en los patrones de movilidad urbana.
Crecimiento sin precedentes en una década
De acuerdo con datos del INEGI, el parque vehicular de motocicletas en México experimentó una expansión extraordinaria: pasó de 2.2 millones de unidades en 2014 a casi 9 millones en 2024, lo que representa un incremento del 294% en apenas diez años. Solo entre 2023 y 2024, el crecimiento superó el 16%, evidenciando una tendencia acelerada que no muestra signos de desaceleración.
La concentración geográfica es particularmente significativa: la Ciudad de México y el Estado de México albergan una proporción sustancial de estas unidades, especialmente en zonas de alta densidad poblacional como:
- Iztapalapa
- Ecatepec
- Nezahualcóyotl
En estos territorios, millones de personas dependen del llamado transporte de barrio para resolver necesidades cotidianas de movilidad, alimentar cadenas productivas locales y conectar con sistemas de transporte más amplios.
Mototaxis: respuesta comunitaria ante deficiencias del transporte formal
Un fenómeno paralelo que no puede omitirse es el de las mototaxis, un medio de transporte popular que ha surgido como respuesta comunitaria ante la insuficiencia del transporte formal en:
- Colonias periféricas
- Calles angostas
- Zonas de difícil acceso
Paradójicamente, mientras la motocicleta crece aceleradamente como vehículo privado y herramienta laboral, las mototaxis enfrentan una sobrerregulación fragmentada, criterios contradictorios entre municipios y estados, e incluso vacíos administrativos que no distinguen adecuadamente entre informalidad, delito y necesidad social.
Reconocimiento laboral y desafíos pendientes
Un avance significativo se produjo con la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de plataformas digitales, que reconoce que repartidores y conductores son personas trabajadoras, transformando así a la motocicleta en un instrumento de trabajo formal. Más de 700 mil trabajadores de plataformas tendrán derechos laborales, seguridad social y protección frente a riesgos laborales.
Sin embargo, este progreso será incompleto si no se acompaña de procesos obligatorios de capacitación en:
- Conducción segura e inspección mecánica
- Cultura vial
- Atención a usuarios
- Uso de equipo de protección
Datos alarmantes de siniestralidad vial
Las estadísticas explican la urgencia regulatoria. Según la Alianza Nacional para la Seguridad Vial (ANASEVI), en 2023 se registraron más de 79 mil siniestros viales en el país que involucraron motocicletas, con un aumento alarmante respecto a años previos.
En la Ciudad de México, los motociclistas se han consolidado como el grupo más afectado por fatalidades viales, representando aproximadamente el 45% de los fallecimientos por hechos de tránsito en períodos recientes. Estos números no pueden analizarse sin considerar:
- Falta de formación técnica
- Acceso desigual a licencias
- Inexistencia de estándares homogéneos a nivel nacional
Narrativa incompleta y criminalización
A este escenario se suma una narrativa incompleta que suele criminalizar tanto a motociclistas como a operadores de mototaxis. Es cierto que se han observado conductas de alto riesgo como:
- No uso de casco por todos los ocupantes
- Transporte de menores de edad o de más de dos personas
- Circulación en sentido contrario
- Rebase indebido a autoridades en carreteras federales
- Uso de motocicletas para cometer delitos
Pero también es cierto que miles de personas distribuyen alimentos, medicamentos e insumos urgentes, sosteniendo la economía cotidiana de barrios enteros. Satanizar al transporte popular resulta tan peligroso como ignorar los riesgos reales.
Armonización legislativa impostergable
Regular estos medios sin escucharlos, o hacerlo de forma solo sancionatoria sin alternativas viables, empuja a la informalidad y al conflicto social. La solución no es prohibir, sino ordenar, profesionalizar y capacitar.
Por ello resulta impostergable la armonización completa de las leyes locales con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Esta debe:
- Atender explícitamente al transporte de barrio
- Establecer criterios claros para las motos
- Homologar licencias
- Definir esquemas de capacitación obligatoria
- Garantizar condiciones mínimas de seguridad para todos los usuarios
Nuevo perfil de usuarios y perspectiva de género
Un elemento adicional no menor es el cambio en el perfil de las personas usuarias. Cada vez más mujeres utilizan servicios de motocicleta por razones de costo, tiempo y percepción de seguridad, lo que obliga a incorporar perspectiva de género en la capacitación, los protocolos de atención y la regulación misma del sector.
Herramienta de subsistencia, no de lujo
La motocicleta y la mototaxi llegaron para quedarse. En zonas populares no son un lujo ni una moda, son una herramienta de subsistencia y movilidad cotidiana. Regular su crecimiento sin una visión metropolitana, social y económica es condenar a millones de personas al riesgo o a la ilegalidad.
Capacitar, ordenar y coordinar no solo salva vidas, fortalece el desarrollo económico local, dignifica el trabajo y construye ciudades más seguras y equitativas para todos los habitantes de la capital y su área metropolitana.
