Sinaloa dejó de ser un problema de seguridad… es un problema de Estado. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de Rubén Rocha Moya y del senador Enrique Inzunza; de la noche a la mañana dejaron de ser intocables. El general de división Gerardo Mérida Sánchez, extitular de Seguridad Pública, se entregó en Estados Unidos. En Europa cayó Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas. Y según el diario The New York Times, el Departamento de Justicia ordenó triplicar las acusaciones contra políticos mexicanos.
Piezas del mismo ajedrez
Son piezas del mismo ajedrez. ¿Por qué ahora? Porque el costo de proteger superó al costo de ceder. Washington dejó de negociar con discursos. “La mañanera” ya no blinda; el abrazo ya no cobija. La presidenta quiso administrar el escándalo y reducirlo a ruido, pero el expediente la desbordó.
Control de daños
Palacio Nacional eligió sacrificar piezas para salvar el tablero. Es un ejercicio de control de daños; no es soberanía ni justicia: es obediencia. Rocha Moya queda sin liquidez, Inzunza queda sin coartada, Mérida Sánchez queda sin pasaporte, Díaz queda sin libertad y Morena queda sin discurso.
Quien creyó que el régimen rompería con el crimen se equivocó de mapa: el Gobierno mexicano no actuó por convicción, actuó por presión y miedo. Ya no soportó el costo de proteger a Sinaloa; quedó desbordado y tuvo que rendirse. La presidenta no contuvo el escándalo… el escándalo la contuvo a ella. El expediente de Sinaloa ya no se escribe en Culiacán ni en Palacio: se escribe en la Casa Blanca.
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