Caso Leidy y Alexa: 13 militares vinculados a proceso por asesinato de dos niñas en Sinaloa
A casi un año de los trágicos hechos, un juez federal ha dictado auto de vinculación a proceso contra 13 elementos del Ejército mexicano por el homicidio de las niñas Leidy y Alexa, de 11 y 7 años respectivamente, así como por la tentativa de homicidio contra otros miembros de su familia en Sinaloa. Este caso, que involucra directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, ha colocado en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la capacidad de las autoridades para garantizar justicia en situaciones de alta sensibilidad.
Los hechos: un ataque sin previo aviso en La Cieneguilla
Los eventos se remontan al 6 de mayo de 2025 en la comunidad de La Cieneguilla, Sinaloa. La familia viajaba en una camioneta rumbo a la escuela cuando, al encontrar un bloqueo en el camino, decidió regresar a su domicilio. En ese momento, un convoy militar abrió fuego contra el vehículo sin ninguna advertencia previa. Inicialmente, las autoridades señalaron que se trató de un enfrentamiento, una versión que nunca fue corregida oficialmente. Como resultado de este acto, fallecieron las dos niñas y otras personas resultaron gravemente heridas, generando una ola de indignación y demandas de justicia.
Proceso judicial: pruebas de uso ilegal de la fuerza
El pasado 6 de abril de 2026, el juez federal determinó la vinculación a proceso de los 13 militares por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa. Durante la audiencia, la Fiscalía General de la República presentó evidencias que apuntan a un uso ilegal y arbitrario de la fuerza, al no cumplirse con los protocolos establecidos en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. El juzgador concluyó que los elementos actuaron bajo la figura de dolo eventual, considerando que, dada su capacitación, podían prever el resultado letal de disparar contra la camioneta.
Argumentos de la defensa y contexto de violencia en Sinaloa
Las defensas de los militares argumentaron que los elementos actuaron en un contexto marcado por la violencia en Sinaloa, bajo condiciones de tensión y alerta constante. Sin embargo, el juez determinó que no existían elementos suficientes que justificaran el uso de la fuerza letal en este caso específico, subrayando la falta de proporcionalidad y la violación de los derechos humanos.
Exigencia de justicia y retos para las autoridades
Las familias de las víctimas han denunciado desde el inicio el uso indebido de la fuerza y han exigido justicia de manera incansable, contando con el apoyo de diversas organizaciones de derechos humanos. Este caso representa un desafío significativo para la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación, quienes deben garantizar una investigación diligente y un proceso judicial apegado a los más altos estándares de derechos humanos. Además, reabre el debate sobre la militarización en México y la urgente necesidad de evitar la repetición de hechos similares, en un contexto donde persisten señalamientos de impunidad en casos que involucran a fuerzas castrenses.
La resolución de este proceso podría sentar un precedente crucial para futuros incidentes, reforzando la rendición de cuentas y la transparencia en las operaciones militares. La sociedad mexicana sigue de cerca este caso, esperando que se imparta justicia plena para las familias afectadas y se tomen medidas preventivas para proteger a la población civil.
