Juez federal absuelve al único detenido por el asesinato del activista Samir Flores en Morelos
Absuelven a único detenido por asesinato de Samir Flores

Juez federal absuelve al único detenido por el asesinato del activista Samir Flores en Morelos

Un juez federal ha dictado una sentencia absolutoria en el caso del asesinato del defensor comunitario Samir Flores Soberanes, ocurrido hace siete años en el estado de Morelos. La resolución, emitida el viernes 13 de marzo de 2026, exoneró a Javier "N", quien era la única persona detenida y procesada por este crimen que conmocionó a la región.

Falta de pruebas conduce a la absolución

El magistrado Gustavo Eduardo Alonso Ortiz determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado de Morelos no alcanzaron el estándar probatorio necesario para condenar al acusado. Durante el juicio oral, el tribunal concluyó que los elementos ofrecidos no permitían acreditar plenamente la participación de Javier "N" en el homicidio.

El proceso judicial se prolongó durante cuatro años, revelando múltiples irregularidades en la investigación. Dos de los principales testigos que señalaban al acusado fueron asesinados durante el proceso, por lo que sus declaraciones se incorporaron mediante lectura. Además, agentes ministeriales mostraron inconsistencias al explicar cómo recabaron los testimonios, generando dudas sobre su validez.

Contexto del crimen y la lucha comunitaria

Samir Flores Soberanes fue asesinado el 20 de febrero de 2019 en la comunidad de Amilcingo, municipio de Temoac, Morelos. El activista era una figura clave en la oposición al Proyecto Integral Morelos, que incluye una termoeléctrica en Huexca y un gasoducto que atraviesa Tlaxcala, Puebla y Morelos.

Como integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, Flores coordinaba la resistencia comunitaria contra este proyecto energético impulsado por la Comisión Federal de Electricidad en colaboración con empresas españolas. También era comunicador en la radio comunitaria Amiltzinko 100.7 FM, donde informaba sobre los posibles impactos del proyecto.

Irregularidades y denuncias de encubrimiento

Juan Carlos Flores, abogado del FPDTA-MPT, calificó el proceso como "la crónica de un montaje" destinado a encubrir la verdad. "Que se hayan enfocado todas las investigaciones durante cuatro años en una persona donde no se tenían elementos para demostrar su responsabilidad es una estrategia de encubrimiento", afirmó.

Ante las contradicciones detectadas, el juez ordenó investigar posibles delitos de falsedad de declaraciones por parte de agentes ministeriales. La asesoría jurídica también solicitó ampliar las indagatorias para determinar responsabilidades de funcionarios por presuntos actos de obstrucción de justicia.

Exigencias de ampliar la investigación

Los representantes legales exigieron que la investigación se extienda tanto a autores materiales como intelectuales. Entre los nombres mencionados se encuentran:

  • El fiscal estatal Uriel Carmona Gándara
  • El exgobernador Cuauhtémoc Blanco
  • El político Hugo Eric Flores Cervantes
  • Valentina Lavín y Angelina Zamora
  • El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador

Salvador "N", señalado como presunto autor material, permanece prófugo. La continuidad de las investigaciones corresponde ahora a la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión.

Siete años de impunidad y contexto regional

"Han pasado siete años desde el asesinato y al día de hoy no hay elementos certeros sobre cómo ocurrió", lamentó Juan Carlos Flores. El caso se encuentra bajo análisis en el sistema internacional de derechos humanos, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La organización alertó además sobre el deterioro de la seguridad en la región debido a disputas entre grupos del crimen organizado, lo que aumenta el riesgo para la familia de Samir, sus compañeros de lucha y las comunidades que defienden el territorio.

El abogado hizo un llamado al Estado mexicano, organismos internacionales y sociedad civil para garantizar la protección de los defensores comunitarios y activar investigaciones que permitan llegar a la verdad sobre este crimen que sigue impune después de siete años.