La crisis de seguridad en Chiapas: violencia sistémica y militarización fallida
El estado de Chiapas enfrenta desde hace años una violencia generalizada y sistemática, marcada por el control territorial de grupos delincuenciales, disputas entre cárteles, paramilitarismo residual y conflictos intercomunitarios por tierras y recursos naturales. Este complejo escenario ha generado un entorno propicio para ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, extorsiones y desplazamientos masivos de población, todo ello bajo un manto de impunidad que parece perpetuarse.
Las políticas estatales de "seguridad y pacificación", que incluyen la militarización y operativos conjuntos, frecuentemente resultan insuficientes o contraproducentes. Estas estrategias priorizan el control aparente del territorio sin abordar las causas estructurales del problema: la corrupción institucional y la colusión entre autoridades y grupos criminales que minan cualquier esfuerzo genuino de pacificación.
La tortura como práctica sistemática en Chiapas
La tortura en Chiapas existe y persiste como una práctica histórica y generalizada entre los cuerpos de seguridad del estado. La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) documenta detenciones que ocurren sin órdenes judiciales, donde las personas son sacadas de sus domicilios o interceptadas en la calle de manera arbitraria.
Los testimonios recopilados describen un patrón recurrente: las personas son esposadas inmediatamente durante la detención, se emplea fuerza física excesiva, y posteriormente son sometidas a incomunicación y aislamiento. Los métodos documentados incluyen amenazas con cargos falsos o daño físico, vendado de ojos, golpizas, ataduras con sogas o cintas, y asfixia como técnica de tortura común.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha documentado entre 2018 y 2019 numerosos casos donde las víctimas describen métodos de tortura física como electrochoques, golpes específicos en oídos y plantas de los pies, y violencia sexual. Los abusos psicológicos incluyen humillaciones, aislamiento prolongado, amenazas de muerte contra familiares, privación sensorial, de sueño y de necesidades básicas.
La tortura en Chiapas se utiliza sistemáticamente como método de investigación criminal, con el objetivo de obtener declaraciones autoinculpatorias, inculpar a otras personas o identificar supuestos responsables de delitos, evidenciando una grave distorsión del sistema de justicia.
La creación de la Fuerza Pakal y sus controversias
En este contexto de violaciones sistemáticas a derechos humanos, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar creó en diciembre de 2024 la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), una unidad de élite policial presentada como solución para "pacificar" el estado. Esta unidad especial forma parte de la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas y realiza acciones de combate a la delincuencia organizada.
La FRIP comenzó operaciones con 500 elementos que posteriormente aumentaron a 800, conformada por integrantes de la Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Policía Federal. Cuenta con equipo táctico y tecnológico avanzado, y según las autoridades, sus miembros reciben salarios elevados diseñados para prevenir la corrupción. Sus objetivos declarados incluyen combatir al crimen organizado en la frontera con Guatemala, misiones de alto riesgo, tráfico de combustible, narcomenudeo, secuestro y extorsión.
Sin embargo, el mando de los Pakales recae en Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, exmando de la Policía Federal directamente relacionado con la masacre de Tanhuato, Michoacán en 2015, donde fueron ejecutados 22 civiles. Esta designación ha generado serias preocupaciones sobre los métodos y antecedentes de quienes lideran esta fuerza especial.
Acusaciones de abusos y detenciones arbitrarias
Los Pakales enfrentan graves acusaciones por abusos policiales documentados en diversas comunidades de Chiapas. En San Pedro Cotzilnam, municipio de Aldama, se denunció la detención de José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), mediante un operativo masivo donde fueron acusados de secuestro sin pruebas contundentes.
Las comunidades afectadas señalan detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza pública y tortura sistemática. Se han documentado allanamientos de domicilios sin órdenes judiciales, como el caso de la señora Enedina en Cintalapa, quien fue encapuchada, golpeada y despojada de sus pertenencias durante un operativo de los Pakales.
En Tila, se denunció que elementos de la FRIP realizaron operativos conjuntos con un grupo del crimen organizado llamado "Karma", cateando casas y deteniendo a 20 personas, entre ellas 5 niños, en acciones que evidencian colusión entre fuerzas estatales y grupos delictivos.
El caso emblemático: detención y tortura de servidores religiosos
El 22 de enero de 2026, aproximadamente a las dos de la tarde, Orbey Juárez Juárez se dirigía a realizar un trabajo de instalación eléctrica en la Colonia "El Estoraque" del municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, portando su mochila con herramientas. Fue interceptado violentamente por una camioneta con logotipos de la FRIP, donde viajaban al menos tres elementos encapuchados, uniformados y fuertemente armados que le apuntaron directamente.
Durante la intervención, los agentes se comunicaban por radio con frases incriminatorias como "tenemos todo controlado" y "tenemos a los asesinos", prejuzgando su culpabilidad sin mediar investigación alguna. Posteriormente, llegó otra camioneta de la FRIP y los pakales golpearon a Orbey en la cara, lo derribaron y le propinaron patadas mientras se encontraba en el suelo, a pesar de que les informó sobre una fractura preexistente en su columna vertebral.
En el mismo operativo fueron detenidos José Julián López Juárez y Orlando de Jesús López Gómez, quienes se encontraban en las inmediaciones realizando actividades cotidianas. A todos ellos se les obligó a permanecer aproximadamente una hora tirados boca abajo en el suelo, bajo el sol, en una clara muestra de trato degradante y uso desproporcionado de la fuerza.
Los tres detenidos, junto con otras cuatro personas, fueron trasladados esposados a la base de la Guardia Estatal Preventiva en Pueblo Nuevo Solistahuacán, donde fueron recluidos en un cuarto de aproximadamente 2.5 metros cuadrados. Allí presenciaron actos que evidencian fabricación de pruebas, como manipulación de teléfonos celulares de otros detenidos y siembra de armas para ser fotografiadas como "evidencia".
Ese mismo día, aproximadamente a las cuatro de la tarde, fueron trasladados al municipio de Reforma e ingresados a la cárcel de la Policía Municipal, iniciándose un periodo de incomunicación total que se prolongaría por varios días. Sufrieron una detención arbitraria y desaparición forzada, manteniéndose incomunicados durante cinco días sin que sus familiares recibieran información sobre su paradero hasta que aparecieron el 27 de enero en el Centro Penitenciario de San Cristóbal de las Casas.
Fabricación de pruebas y criminalización de servidores religiosos
La Fiscalía de Chiapas acusa a Orbey y José Julián de homicidio calificado en la causa penal 27/2026, mediante un proceso lleno de contradicciones en modo, tiempo y lugar, carente de sustento real y con evidentes indicios de siembra de evidencias. A ambos se les impuso prisión preventiva oficiosa no justificada, una medida que agrava la situación de violaciones a derechos humanos y reafirma el patrón operativo de los Pakales y la Fiscalía estatal.
Orbey describe en una denuncia pública fechada el 9 de febrero de 2026: "...al momento de detenerme me dieron un golpe en la cara y patada en la costilla, sin importar que les dije que tenía una fractura en la columna vertebral... nos tuvieron en ese lugar hasta las 7:00 de la noche aproximadamente donde fueron mis familiares a preguntar pero no les permitieron verme... nos encerraron sin zapatos y sin cobijas... Antes de ser trasladados a San Cristóbal de las Casas, me tomaron fotos ya con la policía, Fiscal y Pakales y luego hicieron un video como si fuera el día de la detención, pero no publicaron que nos privaron de la libertad desde el día Jueves 22 de enero como secuestrados."
Tanto Orbey como José Julián se encuentran recluidos arbitrariamente con medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 5 del municipio de San Cristóbal de las Casas (CERSS 05).
Contexto de criminalización a la Iglesia católica en Chiapas
La detención de Orbey y José Julián debe contextualizarse en la importancia histórica de la Iglesia católica en Chiapas, que con su arraigada tradición de opción por los pobres y vulnerables inspirada en el obispo Samuel Ruiz García, ha desempeñado un rol clave en el acompañamiento pastoral y la defensa de derechos humanos en comunidades mestizas e indígenas.
Sacerdotes, catequistas, agentes de pastoral y comités parroquiales actúan como mediadores en conflictos, denuncian violaciones a derechos humanos, apoyan a poblaciones vulnerables y promueven la paz y justicia social. Sin embargo, esta labor legítima los ha convertido en voces incómodas para el poder, generando un patrón recurrente de criminalización, estigmatización y señalamientos falsos contra estos servidores.
La detención de Orbey y José Julián se inscribe en este patrón de criminalización a grupos religiosos, con acusaciones falsas de incitar a la violencia o tener vínculos con grupos delincuenciales. Este modus operandi incluye la fabricación de culpables en investigaciones penales, donde elementos de los Pakales realizan la labor de detener y torturar para obtener "confesiones" que sustenten casos armados políticamente.
Organizaciones que documentan y acompañan a las víctimas
El Grupo de Litigantes Prodedh es un colectivo de abogados que trabajan en la protección y defensa de los derechos humanos de personas vulnerables y organizadas en el estado de Chiapas, brindando acompañamiento legal a víctimas de tortura y detenciones arbitrarias.
Tejiendo Redes Contra la Tortura es un colectivo de personas sobrevivientes de tortura en diferentes contextos y regiones de México, así como de familiares y acompañantes de organizaciones de derechos humanos, que documenta casos, brinda apoyo psicosocial y exige justicia para las víctimas.
La situación en Chiapas evidencia una crisis humanitaria donde la tortura se ha normalizado como herramienta de control social, las fuerzas de seguridad actúan con impunidad, y los mecanismos de justicia están cooptados por intereses políticos y criminales. Mientras no se aborden las causas estructurales de la violencia y se garantice el respeto a los derechos humanos, cualquier estrategia de "pacificación" estará condenada al fracaso y a reproducir los mismos ciclos de abuso y opresión que pretende erradicar.
