Activista indígena enfrenta sentencia tras mil días de proceso penal con pruebas a su favor
Activista indígena enfrenta sentencia tras mil días de proceso penal

Activista indígena enfrenta sentencia tras mil días de proceso penal con pruebas a su favor

La defensora indígena Xóchitl Ramírez Velazco se encuentra a la espera de una audiencia de sentencia que definirá su situación jurídica, tras más de mil días de un proceso penal marcado por inconsistencias y omisiones. Mujer mixteca nacida en Oaxaca y activista comunitaria en Guerrero, Xóchitl está acusada de secuestro, un delito que rechaza categóricamente, afirmando su inocencia sin matices.

Un proceso judicial cuestionado

El caso de Xóchitl Ramírez ha transitado por un largo camino judicial en Morelos, donde organizaciones de derechos humanos como el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia han señalado fallas estructurales en la investigación y el uso de la prisión preventiva. La audiencia de alegatos y sentencia se llevará a cabo hoy en los juzgados de Atlacholoaya, poniendo fin a un expediente lleno de señalamientos sobre irregularidades.

Xóchitl fue detenida el 3 de mayo de 2023 en Cuernavaca por policías estatales sin una orden de aprehensión inmediata, y horas más tarde se le imputó un secuestro ocurrido en marzo de 2019. Ella recuerda que no recibió explicaciones claras durante su detención y no pudo ver a su familia ni acceder a una defensa particular inicialmente. Este desfase entre la detención y la formalización de la acusación es uno de los puntos que su defensa considera relevante para cuestionar el proceso.

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Pruebas a favor y contradicciones en la investigación

La defensa de Xóchitl ha presentado al menos 11 testimonios que la ubican en distintos puntos entre el 9 y el 12 de marzo de 2019, lejos del lugar del delito. Además, se han aportado dictámenes periciales en informática, identificación humana, grafoscopía y análisis del testimonio. En enero de este año, una perita en informática validó mediante metadatos fotografías tomadas los días 8, 10 y 11 de marzo de 2019, que sitúan a la acusada en Cuernavaca, participando en actividades públicas.

A pesar de estas pruebas, la acusación se basó en parte en una fotografía de Xóchitl tomada en 2011, cuando visitaba a su entonces pareja en un centro penitenciario. Su defensa cuestiona cómo esta imagen pudo ser utilizada para identificarla años después, evidenciando debilidades en la integración de la carpeta de investigación. Cambios en los responsables del caso dentro de la fiscalía también han afectado la consistencia del proceso, según la activista.

Impacto personal y lucha por la justicia

Xóchitl permaneció más de dos años en prisión preventiva antes de que su medida cautelar fuera modificada a prisión domiciliaria en julio de 2025, debido al grave deterioro de su salud por epilepsia y el impacto negativo en su hijo con discapacidad. Antes de su detención, trabajaba en proyectos de desarrollo comunitario con la organización Atzin Desarrollo Comunitario, enfocándose en derechos de las mujeres, educación, salud y territorio en comunidades como Tlamacazapa, Taxco.

Durante su tiempo en reclusión, Xóchitl identificó situaciones recurrentes en el sistema penitenciario, como la presencia de mujeres inocentes encarceladas por su relación con delincuentes y la falta de atención médica especializada. Estas experiencias reforzaron su crítica hacia las fallas estructurales del sistema de justicia penal, especialmente para personas sin recursos o redes de apoyo.

Expectativas y precedente judicial

A unos días del fallo, Xóchitl mantiene una expectativa cautelosa, expresando un 95% de confianza en su liberación, pero con un 5% de duda debido a posibles irregularidades en el sistema. Para las organizaciones que la acompañan, la resolución será determinante no solo para su situación jurídica, sino como precedente sobre el uso de la prisión preventiva, particularmente en contra de mujeres indígenas y defensoras de derechos humanos.

La exigencia de Xóchitl es clara: que se revisen las irregularidades en su caso y que no se sigan llenando las cárceles de personas inocentes. Su lucha, insiste, busca justicia en un sistema que, según ella, debe operar con base en pruebas y estándares de debido proceso. La audiencia de hoy marcará el cierre de un proceso que ha sido observado como un indicador del funcionamiento del sistema judicial en Morelos.

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