Organizaciones civiles denuncian corrupción y simulación en gobierno de Oaxaca
En un pronunciamiento contundente, más de 40 organizaciones de la sociedad civil han acusado al gobierno del morenista Salomón Jara Cruz en Oaxaca de caracterizarse por la corrupción y el nepotismo, simulando ejercicios democráticos que no se corresponden con un gobierno de izquierda, indígena o popular. Esta crítica surge durante la segunda Asamblea por la Reconstitución del Movimiento Social en Oaxaca, donde participaron más de 350 representantes de 47 entidades, incluyendo grupos sociales, sindicales, colectivos, defensores comunitarios, académicos y autoridades agrarias.
Acusaciones de continuidad neoliberal y violaciones a derechos
Las organizaciones sostienen que, a tres años de la llegada de Jara Cruz al poder con su denominada “Primavera Oaxaqueña”, se evidencia una política de continuidad neoliberal. Afirman que este gobierno responde a intereses transnacionales políticos y económicos, despojando sistemáticamente territorios, agrediendo, persiguiendo y asesinando a integrantes del movimiento social. Además, señalan violaciones a derechos laborales y humanos, incremento de la violencia y ecocidio, así como la fragmentación del tejido social mediante programas asistencialistas y clientelares.
El documento de la asamblea destaca que el gobierno utiliza la policía y grupos de choque disfrazados para confrontar y reprimir la protesta social, empleando un discurso difamatorio contra el movimiento. En Santa María Atzompa, los participantes acordaron acciones para enfrentar la embestida del sistema capitalista y sus políticas neoliberales, que agudizan la precariedad en pueblos y comunidades.
Plan de acción y demandas específicas
Las organizaciones concertaron rearticularse para construir unidad estratégica, fortaleciendo mecanismos asamblearios y la formación política. Se comprometieron a defender territorios frente a megaproyectos, construir autonomía y garantizar participación horizontal de mujeres, juventudes y diversidades sexogenéricas. Su plan de acción incluye recuperar la memoria histórica del movimiento social y conmemorar los 20 años de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), además de fortalecer alianzas a nivel comunitario, regional, estatal, nacional e internacional.
Mediante mesas de trabajo regionales, analizaron impactos en las ocho regiones de Oaxaca, identificando amenazas como megaproyectos extractivistas, minería, tala ilegal, proyectos turísticos e inmobiliarios, eólicos, hidráulicos y carreteros, el corredor interoceánico, gentrificación, despojo de territorios, desplazamiento forzado, conflictos agrarios, violencia feminicida y desapariciones. Consideran que existe una amenaza latente a la propiedad social de la tierra y derechos de trabajadores.
Pronunciamientos finales y llamado a la acción
Finalmente, las organizaciones se pronunciaron por el cese inmediato de la criminalización y judicialización contra defensores del territorio, cancelación de órdenes de aprehensión y procesos penales fabricados. Exigieron la cancelación de todas las concesiones mineras en el estado, reconocimiento de la energía eléctrica como derecho humano, autonomía plena de asambleas comunitarias, respeto a bienes comunales y ejidales, alto a la criminalización de la protesta social y cese de despojos en todas las regiones de Oaxaca. Esta asamblea se declaró permanente como espacio de unidad colectiva en defensa de la vida, tierra, territorio y esperanza.
