La organización Red Familia ha expresado su preocupación ante la posible aprobación en el Congreso de Querétaro de un dictamen que establecería un procedimiento administrativo para el reconocimiento de la identidad de género autopercibida en las actas del estado civil. La agrupación advierte sobre los riesgos jurídicos, sociales y familiares que esta propuesta implica, y hace un llamado a los legisladores para que la rechacen en sus términos actuales.
Riesgos en el orden civil y derechos de terceros
Según Red Familia, el dictamen no representa un simple ajuste técnico, sino una modificación sustancial al ordenamiento civil. Al introducir la autopercepción como criterio para modificar documentos oficiales, se afecta la certeza jurídica, el estado civil de las personas y las relaciones familiares. La organización subraya que los efectos podrían ser de difícil reversión y que la reforma podría tener alcances mayores a los planteados inicialmente.
Precedentes de uso estratégico
Red Familia señala que en México ya existen casos documentados en los que cambios de identidad de género se han utilizado para obtener ventajas legales o procesales. En el ámbito electoral, por ejemplo, en Oaxaca en 2018, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana canceló 17 candidaturas de hombres que simularon ser mujeres trans para cumplir con la paridad de género. En Tlaxcala, en 2021, 18 hombres fueron inscritos como mujeres trans con el mismo fin, según denuncias de colectivos LGBTI.
Impacto en el ámbito familiar
En el contexto familiar, se han reportado casos donde el cambio de registro ha sido utilizado como mecanismo para evadir responsabilidades legales, particularmente en materia de pensiones alimenticias. Aunque estas denuncias están en proceso, el Poder Judicial de la Ciudad de México ha sostenido que el cambio de identidad no exime de responsabilidades previas, lo que refuerza la necesidad de garantizar la trazabilidad jurídica.
Llamado a los legisladores
Red Familia exhorta al Congreso de Querétaro a no apresurar la aprobación del dictamen sin un análisis profundo de sus implicaciones. La organización pide la participación de especialistas en derecho civil y derechos humanos, y recuerda que el marco legal vigente en Querétaro no ha sido declarado inconstitucional, por lo que no existe una obligación jurídica inmediata que justifique una reforma de esta magnitud.
