Amnistía Internacional denuncia 'ley anti ONG' en México tras revocación de permisos
La medida del Sistema de Administración Tributaria (SAT) que revoca los permisos para recibir donativos deducibles de impuestos a 113 organizaciones de la sociedad civil ha sido calificada como "lamentable" y "muy decepcionante" por Amnistía Internacional. Esta acción, según la organización, constituye una limitación del espacio cívico en el que operan estas instituciones para acompañar a víctimas y defender derechos humanos.
Una medida que 'asfixia financieramente' a las OSC
En entrevista con Imagen Radio, Adriana Sánchez Gómez, subdirectora de Programas de Amnistía Internacional México, explicó que esta revocación forma parte de lo que denominan "ley anti ONG", un fenómeno global que inició en Hungría y que ahora se replica en diversos países, incluyendo México. "Son acciones muy concretas que tienen la manera de controlar y disminuir la capacidad operativa que tenemos como sociedad civil", afirmó Sánchez Gómez.
La representante de Amnistía detalló que estas medidas obligan a las organizaciones a dirigir sus esfuerzos financieros hacia áreas administrativas más robustas, reduciendo así el impacto económico en el terreno donde trabajan directamente con las víctimas. "Cada vez es más complicado rendir cuentas al sistema porque, al final, nos pone trabas para el proceso", lamentó.
Mecanismos de impacto contra la sociedad civil
De acuerdo con el reporte "Rompiendo el Tejido Social" de Amnistía Internacional, existen tres mecanismos principales mediante los cuales estas llamadas "leyes anti ONG" impactan a las organizaciones:
- Asfixia financiera: Limitar o eliminar el acceso a recursos económicos necesarios para operar.
- Control excesivo: Establecer requisitos tan estrictos que equivalen a "un permiso para existir".
- Generación de temor: Crear un ambiente de intimidación que desaliente la operación de la sociedad civil.
"Estos tres mecanismos se reproducen en distintas legislaciones en diversas partes de Latinoamérica", señaló Sánchez Gómez, quien añadió que este fenómeno no es exclusivo de México, sino que se ha detectado en varios países que han implementado ajustes legislativos que impactan directamente contra las organizaciones de la sociedad civil.
Un fenómeno global que silencia la crítica
La subdirectora de Amnistía Internacional México enfatizó que estas medidas representan un fenómeno global que afecta particularmente a países "que no están cómodos con la crítica que hacemos como sociedad civil". Aunque actualmente el análisis se centra en la región latinoamericana, Sánchez Gómez advirtió que procesos similares pueden observarse en cualquier nación que busque limitar la labor de vigilancia y denuncia de las organizaciones civiles.
Pese a estas dificultades, Amnistía Internacional reiteró su disposición a colaborar con las autoridades y transparentar sus procesos fiscales, aunque reconoció que el entorno actual hace cada vez más complejo este ejercicio de rendición de cuentas.
