El rostro humano de la guerra contra el narcotráfico: 17 años de injusticia
El periodo de la guerra contra el narcotráfico iniciado por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa dejó una estela de graves violaciones a derechos humanos ampliamente documentadas. Durante aquella administración, se implementaron operativos conjuntos entre el Ejército y la Marina para combatir al crimen organizado, con Baja California como uno de los estados fronterizos más afectados por esta estrategia de seguridad.
La militarización de la seguridad en la frontera norte
En esta entidad, las fuerzas armadas asumieron progresivamente el control total de las actividades de seguridad pública. Los abusos cometidos por elementos militares incluyeron:
- Allanamientos sin órdenes de aprehensión o arraigo
- Detenciones arbitrarias sin fundamento legal
- Arraigo de detenidos en instalaciones militares como el Aguaje de la Tuna y Morelos, pertenecientes al 28º Batallón de Infantería
El caso emblemático de Andrew Armando Córdova
Andrew Armando Córdova, ciudadano estadounidense de 21 años, fue detenido arbitrariamente el 26 de abril de 2008 en Tijuana, acusado falsamente de delincuencia organizada. Su captura ocurrió tras un enfrentamiento armado en el que él no participó, resultando herido y siendo trasladado primero a la Cruz Roja, luego al Hospital General, donde finalmente fue aprehendido.
El joven fue llevado a las instalaciones del 28º Batallón de Infantería, donde sufrió tortura física y psicológica durante tres días de incomunicación. En este periodo:
- No recibió atención consular ni defensa legal adecuada
- Fue obligado a autoinculparse bajo coacción
- Otras personas fueron torturadas para que lo señalaran falsamente
Posteriormente, fue trasladado a una casa de arraigo en la Ciudad de México, donde permaneció hasta el 20 de julio de 2008. Su calvario continuó en diversos centros penitenciarios:
- CEFERESO núm. 1 "Altiplano"
- CEFERESO núm. 8 "Norponiente" en Guasave
- CEFERESO núm. 11 "CPS-Sonora" en Hermosillo
- CERESO "El Hongo" en Baja California
Un proceso judicial viciado desde el origen
Los delitos imputados a Córdova tenían una pena máxima de 8 años de prisión, pero él permaneció privado de la libertad durante 17 años en prisión preventiva oficiosa. El Tribunal Superior de Justicia determinó que:
"No hubo flagrancia en su detención" y que "no existían indicios que demostraran su traslado del lugar de los hechos al hospital". Todas las pruebas obtenidas legalmente carecían de sustento para vincularlo con los delitos que se le imputaban.
La lucha por la justicia y la reparación
Tras tres solicitudes de cambio de medida cautelar y con apoyo de la Secretaría de Gobernación, Andrew finalmente obtuvo detención domiciliaria el 23 de diciembre de 2025, gracias a la intervención del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU.
Organismos internacionales han respaldado su caso:
- El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias determinó en su Opinión 1/2022 que su detención fue arbitraria
- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 120VG/2023, confirmando graves violaciones a sus derechos humanos por actos de tortura
La burocracia que revictimiza
Andrew y su esposa Abigail Martínez, abogada e integrante del colectivo Tejiendo Redes Contra la Tortura, ahora enfrentan la institucionalidad y burocracia de la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas). Esta instancia ha argumentado que los 17 años de privación de libertad no están vinculados directamente con los hechos victimizantes de 2008, ignorando:
- El continuum de violaciones a derechos humanos durante casi dos décadas
- Los impactos en el proyecto de vida familiar
- La precarización económica y desplazamiento forzado
- Las afectaciones a la salud física y mental
Fallos estructurales en el sistema de atención a víctimas
La CEAV fue severamente afectada por las medidas de austeridad de 2020 implementadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con una reducción del 75% de su presupuesto y la eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Esta situación se agrava por:
- El incremento de violaciones a derechos humanos por la militarización de la seguridad pública
- La falta de coordinación entre instituciones
- La insensibilidad y falta de preparación de servidores públicos
- La revictimización de quienes exigen su derecho a reparación integral
El caso de Andrew Armando Córdova representa un emblema de la impunidad en el sistema judicial mexicano respecto a la tortura y el debido proceso. La falta de investigación, las confesiones obtenidas bajo tortura y la prolongada prisión preventiva evidencian la urgente necesidad de reformas estructurales que garanticen procesos justos y reparación integral para todas las víctimas de violaciones a derechos humanos en México.
