El próximo miércoles 29 de abril, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, sostendrá una reunión con familias de personas desaparecidas en la capital. Las familias llegarán con una exigencia central: que la mandataria morenista reconozca públicamente la existencia de una crisis de desapariciones en la Ciudad de México y que asuma cambios estructurales en la política de búsqueda, investigación y atención a víctimas.
Presión tras informe de la ONU
La cita está marcada por la presión generada a partir del informe publicado el 2 de abril por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que estableció que existen “indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad”. El documento, turnado al secretario general de la ONU, António Guterres, provocó una respuesta inmediata del gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y de la administración capitalina, que rechazaron su diagnóstico.
En la CDMX, el 6 de abril, Brugada afirmó que el informe “deja mucho que desear”, postura que las familias buscarán confrontar directamente en la reunión del 29 de abril.
Exigencias de las familias
“Vamos a solicitarle que cambie esa postura, que nos escuche y le vamos a dar información para decirle por qué está equivocada”, adelantó en entrevista con Proceso Fernando Vargas, padre de Olin Hernando Vargas Ojeda, un joven de 24 años desaparecido el 26 de noviembre de 2024 tras ser llevado con engaños al Valle del Tezontle, en la zona del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan.
La exigencia no se limita al plano discursivo: para las familias, el reconocimiento público de una crisis es la condición para habilitar decisiones de política pública que, sostienen, han sido postergadas o fragmentadas. En este contexto, esta revista consultó a cuatro familias buscadoras cuyos casos se registraron durante la actual administración. A partir de sus testimonios, se delineó un patrón que combina desapariciones recientes concentradas en la zona del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, con fallas reiteradas en la actuación institucional.
Además del caso de Olin Hernando Vargas Ojeda, se encuentra el de Ana Amelí García Gámez, de 19 años, desaparecida el 12 de julio de 2025 en el Pico del Águila; el de Ximena López Rosales, de 17 años, vista por última vez el 16 de octubre de 2025 en la misma demarcación; y el de Luis Óscar Ayala García, de 48 años, quien el 16 de septiembre de 2025 salió de su domicilio para hacer ejercicio en el Ajusco y desde entonces permanece desaparecido.
Propuestas de cambio estructural
Las familias buscadoras de las personas mencionadas estructuraron la agenda que buscarán plantear directamente a la jefa de Gobierno, en la que el punto central es la necesidad de modificar el marco en el que se investigan y persiguen las desapariciones. “No sé si voy a convencer a otros compañeros, yo creo que debemos demandar que el delito de desaparición sea un delito federal, con una sola autoridad, en vez de tener multiplicidad de leyes y de autoridades”, planteó Fernando Vargas.
“Nosotros necesitamos homogeneidad y también una autoridad única, un mando único para el tema del delito de desaparición, que no haya tantas competencias y tantas instancias”, consideró y explicó que la fragmentación obliga a las familias a desplazarse entre entidades y dependencias sin que exista claridad sobre quién es responsable de resolver los casos.
El padre buscador se refirió entonces a la “ventanilla única” para atender casos de desaparición que inauguró Brugada el 10 de noviembre de 2025 con el nombre del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP): “Lo anunciaron como un gran logro, pues está demostrando que no funciona, que no era juntar instituciones en un solo edificio con mandos diferentes (...) tres autoridades de distintas órdenes de gobierno, ahí sin falta de coordinación. Ellos mismos lo reconocen, estando en el mismo edificio”.
Responsabilidad de la jefa de Gobierno
Otra exigencia que las familias llevarán ante la dirigente local es la necesidad de que asuma su responsabilidad en la coordinación de las autoridades de seguridad y procure resultados concretos en los casos recientes: “Ella, como jefe de gobierno, está a cargo de la seguridad pública. Entonces tiene que exigir resultados y yo diría que además tiene que hacer la colaboración con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que, si bien tiene cierta autonomía del gobierno, también pedir resultados en esta coordinación, este tema de gobernabilidad, que ella es la responsable, para depurar estos cuerpos que son de primer contacto con la gente y también este seguimiento a los procesos, pues para abatir la impunidad”.
Sandra Ojeda, madre de Olin Hernando Vargas Ojeda, colocó el reclamo en términos de resultados inmediatos: “Esto no es de amor y buenos deseos, esto es de resultados y el resultado que nos deben entregar es entregarnos a nuestros hijos”.
Reconocimiento de crisis
Las familias anticiparon que solicitarán a la mandataria que reconozca públicamente la existencia de una crisis de desapariciones en la Ciudad de México, a partir de sus propios casos. “Sí, claro, nuestros propios ejemplos como van siendo de larga data cuando en el caso de cada uno de nosotros una actuación inmediata soluciona el problema”, respondió Vargas al ser cuestionado sobre esa exigencia.
La madre de Luis Óscar Ayala García, Lucía Eugenia García de la Riva, dijo que la reunión con Brugada servirá para visibilizar los casos, pero también para evidenciar fallas en la actuación de las autoridades. “Se visibilizan más nuestros casos, no nos revictimiza más, porque llegas con un MP que no te hace caso, un MP que observas que no hace su trabajo como debe de ser, y pues sí hay que darles un jalón de orejas a las autoridades, adelante, porque yo creo que hay muchas cosas que no están bien hechas. En el caso de mi carpeta hay muchas omisiones evidentes”.
Otras demandas
Además de las demandas ya mencionadas, las familias adelantaron otras exigencias que prevén llevar a la reunión, entre ellas la necesidad de revisar el diseño legal que, según apuntaron, no contempla criterios de oportunidad que incentiven la colaboración para localizar a las víctimas con vida; plantearon la urgencia de que el gobierno impulse, desde la Ciudad de México, una agenda de cambios normativos a nivel nacional con plazos definidos para atender el rezago en materia forense; propusieron la incorporación de personal especializado y la captación de perfiles técnicos en áreas como criminología y análisis de contexto para fortalecer las investigaciones; insistieron en la depuración de funcionarios que no cumplen con sus funciones y en la creación de mecanismos efectivos de evaluación. También advirtieron que se debe replantear la relación con instancias internacionales para acceder a apoyo técnico y recursos que permitan atender la problemática, sin que ello dependa únicamente de decisiones reactivas o coyunturales.
Antecedentes: reuniones previas
Tras el informe de la ONU, la visita del alto comisionado Volker Türk y la reunión con el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, las familias lograron abrir espacios de interlocución que antes les habían sido negados. El 21 de abril, Türk se reunió con 25 familiares de personas desaparecidas en el Centro Cultural España, aunque ninguno de los casos consultados en este texto logró acceder al encuentro. Al día siguiente, las familias sostuvieron una reunión con el titular de la SSC, donde expusieron sus casos y exigieron resultados.
“Sí son reuniones de carácter político, tan es así que nosotros ya habíamos solicitado una reunión personalmente con el secretario desde hace seis meses. O sea, tardamos seis meses en poder tener esta reunión; ¿por qué ahora se nos atiende? Pues por este ambiente que existe, por fin nos hacen caso y nos voltean a ver. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Pues aprovechar esta coyuntura, estas circunstancias, para exigir resultados”, explicó Vargas.
Las familias llegaron no solo a exponer sus casos, sino a colocar un diagnóstico que, afirmaron, se repite en distintas instancias: falta de acciones oportunas, errores en la actuación inicial y una estructura institucional que no logra coordinarse. “Los reclamos, de hecho, los hemos venido haciendo en varias instancias; ya fuimos al Poder Judicial, hoy a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y los reclamos en todos lados vienen siendo más o menos lo mismo porque son patrones comunes que nos afectan a las víctimas. Es el tema de la búsqueda oportuna, de las acciones oportunas; sí tiene que ver con la coordinación, pero también tiene que ver con diseños legales y fallas estructurales. Tiene que ver incluso desde el propio diseño de las leyes”, explicó Vargas.
El padre refirió que en la reunión con Vázquez las familias hablaron sobre patrones delictivos: “Planteamos todo este problema de la delincuencia organizada, el reconocimiento; se habló, de hecho, de cárteles y demás que operan en toda la Ciudad de México”. A partir de ese diagnóstico, plantearon una exigencia directa: resultados. “Oiga, pues estamos todos urgidos de resultados, queremos los que desde siempre, ustedes como autoridades en este momento, si ustedes dan con el paradero de nuestros hijos y se aplican en las investigaciones, pues los van a resolver y nosotros lo que estamos pidiendo, por favor, dennos resultados”, dijo. Vargas precisó que plantearon un acuerdo condicionado: “Llegamos y les propusimos un pacto. Ustedes den los resultados y nosotros olvidamos responsabilidades y servidores públicos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es que ustedes tengan éxito, que ustedes, como políticas públicas y demás, den resultados. A nosotros nos favorece; a ustedes también en esta crisis les puede ayudar”.
