La estrategia de "mano dura" en El Salvador ha alcanzado un nuevo extremo con la aprobación de la cadena perpetua para menores de edad. A partir de la semana pasada, niñas y niños mayores de 12 años que cometan delitos graves como homicidio, violación o pertenencia a pandillas —considerado terrorismo en ese país— pasarán el resto de su vida encarcelados.
Medida impulsada por Bukele
La medida, promovida por el presidente Nayib Bukele como parte de su política de seguridad, busca frenar la incorporación de infantes y adolescentes en grupos criminales. Fue aprobada por la Asamblea Legislativa, pero ha generado críticas y preocupación de organismos internacionales como UNICEF y expertos en derechos humanos, quienes la califican de "desproporcionada", "perjudicial para los adolescentes" y "altamente costosa e ineficaz para prevenir el delito".
Respuesta de Bukele
Bukele ha respondido que el anterior marco legal, que seguía las recomendaciones de derechos humanos, "prácticamente daba impunidad para cometer delitos a los menores de 18 años" y estos eran reclutados por pandilleros. "Empezaron a reclutar casi exclusivamente a menores de edad, todos capaces de cometer crímenes atroces con el único riesgo de 'tal vez' enfrentar una 'pena mínima' en un centro light, donde incluso llegaban a matar y violar a otros menores que solo habían cometido delitos menores y que sí hubieran podido ser reformados", declaró el mandatario salvadoreño en su cuenta de X el 31 de marzo de 2026.
Condiciones de la nueva ley
Los menores en El Salvador, tras las reformas constitucionales, no tendrán acceso a beneficios como la libertad condicional. Aunque sus casos podrán ser revisados, solo será después de haber cumplido 25 años en prisión. Mientras en otros países del mundo se discute permitir o no el libre acceso a internet a los menores, el Gobierno salvadoreño ha dado otro paso inédito en América Latina, centrando la justicia en penas punitivas y el castigo extremo.
Antecedentes: Régimen de Excepción
Desde 2022, El Salvador impuso el Régimen de Excepción, que suspende derechos y garantías de sus ciudadanos —como las libertades de movimiento, asociación, expresión e inviolabilidad de las comunicaciones— ante el incremento de asesinatos e inseguridad. Esto ha permitido al Gobierno de Bukele realizar capturas masivas, llevando a prisión a más de 90 mil personas. Aunque disminuyó la cantidad de delitos, se han denunciado graves violaciones a derechos humanos, como detenciones arbitrarias, detenidos que murieron bajo custodia y falta de debido proceso.
Debate en México
En México y otros países, el sistema de justicia para adolescentes prioriza la reinserción social con medidas socioeducativas y prevé el encarcelamiento como último recurso, con penas menores de 5 años en centros especializados. Sin embargo, también ha sido debatido. Recientemente, dos adolescentes fueron condenadas a 10 meses de libertad asistida y 2 años de internamiento tras asesinar con una cuerda a otra joven y grabar el crimen. A la madre de la víctima se le "indemnizó" con 5 mil 657 pesos como reparación del daño, una situación indignante.
Reflexión final
La lógica extrema de castigos más severos, sin la posibilidad de reinserción como derecho, plantea la pregunta: ¿no dejará a los menores atrapados de por vida en el sistema penal? ¿Y la responsabilidad de los padres? Las sociedades violentas generan niñas y niños violentos. Mientras los gobiernos no generen políticas de prevención que garanticen educación y espacios sanos de recreación para los menores, la discusión permanecerá en la severidad de los castigos. El desarrollo sano de los niños parece importarles poco o nada: no se les protege y luego se les culpa.
