Caso Acteal regresa a la Suprema Corte con demanda de reparación histórica
El emblemático caso de la masacre de Acteal, donde fueron asesinados 45 indígenas tzotziles en el municipio de Chenalhó, Chiapas, en diciembre de 1997, ha regresado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con una nueva dimensión jurídica. Este jueves, el máximo tribunal del país aceptó por siete votos analizar un amparo presentado por sobrevivientes y familiares de las víctimas, quienes exigen que el Estado mexicano repare el daño por el desplazamiento forzado que sufrieron tras los conflictos armados en la región de Los Altos.
La demanda de la organización Las Abejas
En el amparo, integrantes de la organización civil "Las Abejas", conformada principalmente por indígenas tsotsiles, reclaman la falta de atención por parte del Estado mexicano ante el desplazamiento forzado que padecieron a finales de la década de los noventa. Durante la sesión en la Corte, estuvieron presentes algunos de los promoventes del recurso legal, quienes buscan establecer un precedente sobre la responsabilidad gubernamental en estos casos.
El expediente será turnado a una de las ponencias de los ministros, quien deberá elaborar el proyecto de resolución. Este proceso podría definir hasta qué punto son responsables las autoridades de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) frente al desplazamiento forzado de poblaciones indígenas, un tema que ha permanecido en la impunidad durante casi tres décadas.
Antecedentes judiciales y contexto histórico
Esta no es la primera vez que la SCJN conoce del caso Acteal. En el año 2009, el tribunal ordenó la liberación de 20 paramilitares y 12 indígenas por acreditar violaciones al debido proceso durante los juicios iniciales. Sin embargo, la nueva demanda se centra específicamente en las consecuencias del desplazamiento forzado que afectó a miles de personas tras la masacre.
Los hechos de 1997 ocurrieron en el contexto de conflictos armados en la región de Los Altos de Chiapas, donde grupos paramilitares atacaron a miembros de la comunidad indígena que se refugiaban en una iglesia. Además de los 45 asesinatos, se documentó el desplazamiento forzado de numerosas familias que huyeron de la violencia, muchas de las cuales nunca pudieron regresar a sus hogares originales.
Implicaciones del nuevo amparo
El amparo presentado por Las Abejas representa un esfuerzo por llevar la discusión más allá de los aspectos penales del caso, enfocándose en las responsabilidades del Estado en materia de derechos humanos y reparación integral del daño. Los demandantes argumentan que, además de la violencia directa, el gobierno mexicano falló en proteger a la población civil y en atender las consecuencias humanitarias del conflicto.
La resolución de la Corte podría establecer criterios importantes para futuros casos de desplazamiento forzado en México, particularmente aquellos que afectan a comunidades indígenas y que ocurren en contextos de violencia política o conflictos armados. El caso también revive la exigencia de verdad, justicia y reparación que familiares de las víctimas han mantenido durante 28 años.
Mientras el proceso judicial avanza, organizaciones de derechos humanos y colectivos indígenas siguen monitoreando el caso, recordando que la impunidad y la falta de atención estatal continúan siendo desafíos pendientes para las víctimas de uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente de Chiapas y de México.
