Enfrentamiento diplomático por cifras de desapariciones en México
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de México han entrado en un choque diplomático tras la publicación de un informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) que cuestiona la magnitud de este fenómeno en el país. El presidente del Comité, Juan Pablo Albán, defendió públicamente el documento luego de que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum lo rechazara de manera contundente.
La ONU defiende su procedimiento y cifras alarmantes
En un mensaje publicado en la red social X, Albán emitió precisiones sobre el informe, destacando que los órganos de tratados como el CED forman parte del sistema de Naciones Unidas y supervisan el cumplimiento de acuerdos internacionales. Explicó que sus integrantes son elegidos por los países miembros, pero actúan con total independencia en sus decisiones. Además, señaló que el artículo 34 de la Convención Internacional permite al Comité llevar un caso ante la Asamblea General de la ONU cuando existen indicios fundados de desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas.
El Comité presentó datos actualizados que revelan una situación crítica en México:
- Más de 132 mil 400 personas se encontraban desaparecidas al 19 de febrero de 2026, con una tendencia al alza sin indicios de disminución.
- Aproximadamente 72 mil restos humanos permanecen sin identificar en 2026, un aumento significativo desde los 52 mil registrados en 2021.
- El análisis abarca desde 2012 hasta la actualidad, basado en una interacción continua con el Estado mexicano.
Rechazo firme del Gobierno mexicano
Durante la conferencia matutina del 7 de abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su rechazo al informe del CED, argumentando que no reconoce las acciones implementadas por su administración en la búsqueda de personas desaparecidas. Cuestionó que el Comité pretenda llevar el caso a la Asamblea General de la ONU y negó que la situación en México pueda considerarse un crimen de lesa humanidad, afirmando que el Estado no está rebasado y que las autoridades actúan ante estos delitos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también fijó postura mediante un comunicado, calificando el documento como "tendencioso" y señalando que no coincide con la definición de desaparición forzada del propio Comité ni con los avances institucionales reportados entre 2019 y 2025. Además, la SRE acusó que el CED no incorporó observaciones presentadas por la Secretaría de Gobernación y la SRE durante la revisión del borrador.
Llamado al respeto institucional y objetivos comunes
En su posicionamiento, Albán subrayó que el desacuerdo entre el Comité y el Gobierno mexicano es legítimo dentro del diálogo internacional, pero consideró necesario mantener el respeto institucional hacia los órganos de supervisión de derechos humanos. Destacó el principio de independencia, que establece que los miembros de estos organismos no deben estar sujetos a presiones de ningún Estado.
El presidente del Comité enfatizó que los objetivos comunes deben centrarse en:
- Prevenir las desapariciones forzadas.
- Buscar a las personas desaparecidas de manera efectiva.
- Investigar los casos con transparencia y justicia.
- Erradicar este fenómeno en beneficio de las víctimas y sus familias.
Este enfrentamiento pone de relieve las tensiones entre la supervisión internacional y la soberanía nacional, en un contexto donde las cifras de desapariciones en México continúan siendo un tema de preocupación global.
