La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe sobre "Desapariciones en México" en el marco del Día de las Madres que buscan, donde reconoció el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado como una de las causas principales de las desapariciones en Jalisco y en todo México.
Testimonios de menores reclutados
La CIDH documentó, a partir de testimonios de colectivos de personas buscadoras, que menores desde los 13 y 14 años son reclutados por el crimen organizado a cambio de promesas de dinero o armas. "En algunos casos, las víctimas regresarían con vida. En otros, los adolescentes se unirían permanentemente a los grupos criminales o perderían la vida en enfrentamientos armados", señala el informe.
El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, confirmó en agosto pasado que el crimen organizado ha captado a jóvenes y menores para usarlos como "carne de cañón", principalmente en Sinaloa, donde hay un conflicto armado entre cárteles desde septiembre de 2024. Explicó que los jóvenes son reclutados mediante redes sociales en Jalisco, luego llevados a Zacatecas para adiestramiento y finalmente trasladados a Sinaloa.
Ruta de reclutamiento
"La ruta que tenemos es que los envían a Zacatecas, los adiestran, los envían a Nayarit y de ahí a Sinaloa. De algunos jóvenes liberados que hemos entrevistado, identificados por denuncias de desaparición, nos mencionan que están en Sinaloa", lamentó González de los Santos.
La CIDH detectó, a través de testimonios de niños sobrevivientes, que eran usados como combatientes, para preparar estupefacientes o como mensajeros. El reclutamiento se realiza por la fuerza, como en el caso de "Alfredo" (nombre ficticio), quien fue privado de la libertad junto con otros adolescentes en Toluca, Estado de México, y llevado a un campo de entrenamiento en Tierra Caliente, Guerrero. "Alfredo" logró escapar durante un enfrentamiento con el Ejército.
Ofertas laborales falsas
La Comisión confirmó que el reclutamiento se ejecuta mediante ofertas laborales falsas en Jalisco, Nayarit y Zacatecas, coincidiendo con la ruta señalada por el fiscal. En algunos casos, el reclutamiento aparenta ser "voluntario" pero responde a presiones económicas o de seguridad. "Este tipo de reclutamiento es resultado del entorno familiar y comunitario, de vulnerabilidades por violencia intrafamiliar, exclusión social, pobreza, ausencia del Estado y falta de oportunidades", indicó la CIDH.
Rancho Izaguirre y tolerancia de la autoridad
La CIDH recordó el hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, donde se documentaron actividades de reclutamiento, entrenamiento, asesinato y desaparición. "La CIDH destacó su alarma porque lugares así hayan podido operar por períodos prolongados sin intervención de las autoridades", señaló. La Comisión reconoció los avances del Gobierno Federal, pero destacó la necesidad de establecer responsabilidades de las autoridades que presuntamente resguardaban el predio, bajo los principios de "autorización", "apoyo" y "aquiescencia" contenidos en la definición internacional de desaparición forzada.
Corredor de las desapariciones
El informe de la CIDH señala que las desapariciones no se limitan a una sola entidad, aunque Jalisco tiene el mayor número de víctimas (15,330 hasta junio de 2025). Existe un "Corredor del Pacífico" que abarca Colima, Nayarit, Jalisco y Sinaloa, donde la incidencia está vinculada al crimen organizado, que aprovecha redes de transporte de carga, pasajeros y taxis.
El fenómeno, aunque no es nuevo, se ha recrudecido con el fortalecimiento del crimen organizado, que opera en connivencia con agentes estatales. "Es crucial que el Estado considere en sus políticas de prevención y juzgamiento el contexto de la criminalidad organizada y los posibles indicios de involucramiento de agentes estatales", señala el informe.
Recomendaciones de la CIDH
Prevención y seguridad ciudadana
- Fortalecer la prevención en coordinación con estados y municipios, evaluando su eficacia y asegurando la participación de colectivos de familiares.
- Definir en el derecho interno el alcance de la participación o tolerancia estatal en desapariciones cometidas por el crimen organizado.
- Incluir en las políticas de protección a la niñez y juventud la atención a las causas del reclutamiento forzado por grupos criminales, observado en Jalisco mediante ofertas laborales falsas.
Búsqueda e identificación humana
- Garantizar la aplicación efectiva del Protocolo ALBA en todas las entidades, eliminando cualquier tiempo de espera para iniciar la búsqueda de niñas y mujeres.
- Erradicar la espera de 72 horas antes de la recepción de denuncias y el inicio de labores de búsqueda.
- Implementar un protocolo nacional de búsqueda que use análisis de contexto, patrones delictivos y enfoque territorial.
- Garantizar escoltas capacitadas en derechos humanos para las jornadas de búsqueda de las familias.
- Crear una norma nacional para el resguardo de cuerpos bajo custodia estatal y estandarizar los centros de identificación humana.
Acceso a la justicia y atención a víctimas
- Capacitar al personal ministerial para eliminar prejuicios contra las familias buscadoras.
- Brindar asistencia federal para la creación y fortalecimiento de fiscalías especializadas en desaparición en todos los estados.
- Simplificar los trámites para el acceso a apoyos económicos y de salud por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
- Asegurar que los jueces civiles no exijan requisitos extralegales que revictimicen a los familiares en el proceso de declaración de ausencia.
Memoria y verdad
- Apoyar y proteger los "antimonumentos" y otros esfuerzos de memoria de las familias, evitando que las autoridades locales los retiren sin consulta previa.
- Garantizar que las agencias de seguridad e inteligencia colaboren plenamente en la provisión de información para esclarecer casos de larga data.
