La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe sobre desapariciones en México, donde reconoció avances del Estado mexicano y particularmente de Jalisco en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Sin embargo, alertó sobre prácticas de revictimización hacia las familias.
Avances en Jalisco
Jalisco, que encabeza las cifras nacionales con más de 15 mil personas desaparecidas, impulsó la creación del Centro de Identificación Humana en 2023 para facilitar la identificación de restos en fosas clandestinas. También se creó el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata en la Fiscalía estatal.
La CIDH destacó la colaboración interinstitucional que ha fortalecido las capacidades forenses en varios estados. Aguascalientes, Baja California Sur, Jalisco, Puebla y Veracruz desarrollaron plataformas digitales y bancos de datos genéticos.
Eliminación de figura legal
Jalisco eliminó de su legislación la figura de “persona no localizada”, lo que evita retrasos en las búsquedas. También otorgó atribuciones a municipios para colaborar en tareas de búsqueda y gestión de cadáveres.
No obstante, la CIDH advirtió que la falta de implementación efectiva de estas medidas sigue siendo un obstáculo para el acceso a la justicia.
Problemas en registros
Jalisco cuenta con registros especializados, pero persisten problemas de fragmentación y desactualización. La CIDH insistió en homologar y estandarizar la información, recordando una reforma de julio de 2025 que exige la interconexión automática de bases de datos.
Revictimización y estigmatización
La CIDH advirtió que autoridades estatales revictimizan a las familias, responsabilizándolas por la desaparición. Testimonios indican que el Ministerio Público vincula desapariciones con desintegración familiar y acusa a padres de tener hijos vinculados al crimen organizado.
Un estudio en Jalisco concluyó que las víctimas reciben el mensaje de que son culpables de su propia desaparición.
Peticiones de la CIDH
- Unificación de registros: Estandarizar y conectar bases de datos locales con federales para evitar fragmentación.
- Investigación del Rancho Izaguirre: Determinar responsabilidades de servidores públicos y esclarecer actividades de reclutamiento y exterminio.
- Freno al reclutamiento forzado: Incluir en políticas de protección a la juventud la atención a causas del reclutamiento mediante ofertas laborales falsas.
- Gestión presupuestal eficiente: Mejorar capacidad operativa para ejecutar fondos destinados a búsqueda.
- Autonomía forense: Garantizar que el SEMEFO autónomo logre identificación humana efectiva y que el Grupo de Búsqueda Inmediata opere sin demoras.
- Erradicación de estigmatización: Detener prácticas que culpan a las familias por la desaparición.
