La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dado a conocer el informe titulado “Desaparición de Personas en México”, en el que ofrece un análisis detallado de esta problemática en el país y formula 40 recomendaciones dirigidas al gobierno mexicano. Las sugerencias más apremiantes se centran en resolver la crisis forense y optimizar las investigaciones relacionadas con este delito.
Segunda desaparición: cuerpos sin identificar
En una entrevista con EL INFORMADOR, Andrea Pochak, comisionada y relatora para México de la CIDH, señaló que la recomendación más urgente está vinculada con la crisis forense que enfrenta el país, ya que existen más de 70 mil cuerpos sin identificar en los servicios médicos forenses estatales. Debido a ello, calificó la situación como una “segunda desaparición”. “No solamente hay una tragedia cuando desaparece una persona, sino que hay una segunda desaparición cuando existe un cuerpo sin identificar; es una desaparición administrativa. El nivel de angustia que se le genera a un ser querido por no saber el destino de sus familiares es tremendo”, expresó.
Avances insuficientes en identificación forense
En su informe, la CIDH reconoció acciones implementadas por los gobiernos en México, como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, el Centro Nacional de Identificación Humana y organismos similares en los estados. Sin embargo, advirtió que “han tenido una efectividad muy limitada” debido a las restricciones en su alcance. “Es injustificable, absolutamente inadmisible, que un familiar tenga la obligación de acudir una por una a las entidades federativas para dejar su muestra de sangre. Los datos deben compartirse y, si aparece un resto, este debe confrontarse con todas las muestras existentes en el país”, añadió Pochak.
Impunidad casi total en casos de desaparición
Respecto a las indagatorias, la comisionada urgió a implementar reformas para mejorar el sistema de justicia y las investigaciones, pues advirtió que la impunidad en los casos de desaparición alcanza casi el 99%; es decir, apenas uno de cada 100 casos relacionados con este delito recibe castigo. “Hay que llevar a la justicia a los perpetradores; de lo contrario, las desapariciones continuarán”, afirmó. A la par, Pochak señaló que los gobiernos mantienen pendiente la implementación adecuada de las búsquedas inmediatas y sus protocolos. Destacó que el informe reconoce a las personas buscadoras como defensoras de derechos humanos y exige que la búsqueda de personas sea considerada un derecho.
Fenómeno generalizado con focos en Jalisco y Edomex
Para la CIDH, el fenómeno de las desapariciones en México es generalizado “porque se extiende en todo el país”, aunque con mayor incidencia en entidades como Jalisco y el Estado de México, que concentran la mayor cantidad de víctimas. Por ejemplo, ambas entidades superan las 16 mil y 14 mil víctimas, respectivamente. Además, considera que este delito puede afectar a cualquier sector de la población, incluidos hombres, mujeres, adolescentes, niñas, niños, periodistas o personas que pertenezcan a la comunidad de la diversidad sexual. No obstante, uno de los grupos más afectados es el de los jóvenes, debido al reclutamiento forzado por parte de la delincuencia organizada.
Sin política sistemática del Estado, pero con responsabilidad
A diferencia del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), la CIDH no considera que en México exista una política sistemática de desapariciones forzadas por parte del Estado —aquellas cometidas por servidores públicos—, al señalar que la mayoría de los casos son provocados por el crimen organizado, aunque dejó claro que este delito “no se ha erradicado”. “Esto no exime al Estado de responsabilidad, pero no se trata de una política deliberada”, indicó. La CIDH cuestionó que la responsabilidad de las autoridades está relacionada con la falta de prevención y búsqueda, así como con las fallas en la investigación y sanción de los responsables; la identificación de restos humanos; el acompañamiento y asistencia a las víctimas, y la ausencia de políticas de no repetición.
