Caso Rancho Izaguirre: CNDH exonera a FGR y responsabiliza a autoridades de Jalisco
En un giro significativo en la investigación del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitido una recomendación que deslinda completamente a la Fiscalía General de la República (FGR) de responsabilidades, mientras carga las culpas directamente sobre la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).
Omisiones en la preservación del lugar de los hechos
La recomendación 11/2025, firmada por la presidenta de la CNDH Rosario Piedra Ibarra, identifica violaciones graves a los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, así como al acceso a la justicia. "Estas violaciones son atribuibles exclusivamente a personas servidoras públicas de la FEJ y el IJCF", establece el documento oficial.
El caso del Rancho Izaguirre, descubierto en marzo de 2025 por madres buscadoras de desaparecidos en Jalisco, ha estado marcado por controversias desde su inicio. A pesar de que la FGR asumió la investigación principal, la CNDH ha determinado que las fallas críticas ocurrieron a nivel estatal.
Eventos que comprometieron la investigación
Entre las irregularidades documentadas por la CNDH destacan:
- La falta de custodia adecuada del inmueble desde noviembre de 2024, cuando se realizaron las primeras intervenciones
- El ingreso no controlado de personas buscadoras el 5 de marzo de 2025 que "evidenció anomalías en la preservación del lugar"
- La visita mediática del 20 de marzo de 2025 convocada por el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero, donde se perdió el control del área
La CNDH señala específicamente que "debido al número considerable de participantes en la visita del 20 de marzo, se perdió el control del área, lo que derivó en la alteración del lugar y de los indicios potenciales". Este evento, según el organismo, comprometió seriamente la integridad de las evidencias y la confiabilidad de la investigación.
Plazos y medidas correctivas
La CNDH ha establecido un plazo de seis meses para que tanto la FEJ como el IJCF realicen "un acto público de reconocimiento de responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos que se acreditaron". Además, ambas instituciones deberán implementar medidas específicas:
- Nombrar servidores públicos de alto nivel para supervisar el caso
- Elaborar protocolos de actuación para el aseguramiento de lugares de intervención
- Establecer procedimientos técnico-científicos para el procesamiento de indicios
- Garantizar el adecuado manejo de la cadena de custodia
De manera particular, a la FEJ se le instruyó coadyuvar con la CNDH en la queja que presentará contra seis servidores públicos ante la Contraloría Interna, mientras que al IJCF se le exige colaborar en el esclarecimiento de carpetas de investigación por presuntos actos de corrupción y abuso de autoridad.
Contexto del caso Rancho Izaguirre
El Rancho Izaguirre fue identificado como un presunto centro de exterminio y adiestramiento de personas reclutadas a la fuerza por grupos delictivos. Su descubrimiento por colectivos de madres buscadoras expuso graves deficiencias en los sistemas de investigación de desapariciones forzadas en Jalisco.
La recomendación de la CNDH llega en un momento crucial, cuando la FGR había emitido recientemente un comunicado sobre avances en la investigación. Sin embargo, el organismo autónomo mantiene su postura de que las responsabilidades principales recaen en las autoridades estatales, marcando un precedente significativo en la rendición de cuentas por violaciones a derechos humanos en investigaciones de graves delitos.
