CNDH expone graves deficiencias en investigación de hallazgo de cuerpos en Jalisco
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitido un contundente informe donde documenta omisiones graves y sistemáticas por parte de la Fiscalía General del Estado de Jalisco y de los servicios forenses en la investigación del hallazgo de 45 cuerpos en el Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
Fallas en el procedimiento de investigación
Según el organismo autónomo, las autoridades incurrieron en múltiples irregularidades que comprometieron seriamente la investigación:
- Ausencia de peritajes esenciales: No se realizaron análisis balísticos, de ADN comparativo ni de entomología forense que pudieran aportar datos cruciales.
- Cadena de custodia vulnerada: Existieron fallas en la documentación y preservación de las evidencias encontradas en el lugar.
- Identificación incompleta: De los 45 cuerpos recuperados, únicamente 19 han sido plenamente identificados, dejando a 26 personas en la categoría de no identificadas.
- Dilación en las diligencias: La CNDH señaló retrasos injustificados en la realización de actos de investigación fundamentales.
Recomendaciones urgentes de la CNDH
Ante este panorama, la Comisión ha formulado una recomendación dirigida a la Fiscalía de Jalisco, exigiendo la implementación inmediata de medidas correctivas:
- Realizar todos los peritajes pendientes de manera exhaustiva y con apego a protocolos científicos.
- Fortalecer los mecanismos de cadena de custodia para garantizar la integridad de las pruebas.
- Agilizar los procesos de identificación de los cuerpos restantes, priorizando la comunicación con las familias afectadas.
- Capacitar al personal ministerial y forense en estándares internacionales de investigación de violaciones a derechos humanos.
El caso del Rancho Izaguirre se ha convertido en un símbolo de las profundas deficiencias que persisten en el sistema de justicia mexicano, particularmente en contextos de violencia extrema. La CNDH subraya que estas omisiones no solo obstaculizan la justicia, sino que constituyen una revictimización para los familiares de las personas fallecidas, quienes continúan esperando respuestas y verdad.
Este informe se enmarca en un patrón más amplio de señalamientos hacia las fiscalías estatales por su manejo de fosas clandestinas y casos de desaparición. La respuesta de las autoridades de Jalisco a estas recomendaciones será un indicador clave sobre su compromiso real con los derechos humanos y el acceso a la justicia en una de las entidades más afectadas por la violencia en el país.
