CNDH cuestiona informe de la ONU sobre desapariciones en México por considerarlo sesgado
Este sábado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) manifestó su rechazo a las conclusiones presentadas por el Comité de la ONU respecto a las desapariciones en México. En un comunicado oficial, el organismo argumentó que la solicitud de remitir con urgencia el caso a la Asamblea General de Naciones Unidas se basa en una interpretación parcial, contradictoria y carente de perspectiva histórica e internacional.
Críticas a la metodología del Comité de la ONU
La CNDH afirmó que el comité fundamentó su decisión en peticiones de organizaciones no gubernamentales y colectivos de familiares, privilegiando, según su postura, las opiniones de grupos como el Centro Prodh por encima de los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales desplegados por el Estado mexicano en los últimos siete años. Además, señaló que antes de una intervención de esta magnitud, debieron agotarse las instancias nacionales previstas en la convención internacional, acusando al Comité de ignorar los artículos 30 y 31 del tratado, que establecen las condiciones para su actuación.
Contexto histórico y defensa de la actuación actual
El organismo sostuvo que las desapariciones forzadas como política de Estado corresponden a períodos históricos como la "Guerra Sucia" (1951-1990) y la "guerra contra el narcotráfico" (2006-2012), mientras que los casos recientes requieren, en su opinión, fortalecer las búsquedas y las instituciones encargadas de localizar a las víctimas. La CNDH también defendió su propia labor, recordando que desde 2023 ha advertido sobre el uso faccioso de las cifras de personas desaparecidas y que en la gestión actual ha emitido 14 recomendaciones por desaparición forzada sobre hechos anteriores y otras cinco por casos recientes, con expedientes que abarcan desde 1958 hasta 2022 en estados como Morelos, Sinaloa, Durango, Guerrero y Puebla.
Rechazo a la cooperación internacional y críticas a ONG
Asimismo, la comisión rechazó la propuesta de cooperación técnica, asistencia especializada, apoyo financiero y un mecanismo especial de esclarecimiento, argumentando que reproduce fórmulas externas que, a su juicio, no han mejorado previamente la situación de derechos humanos en el país. En un tono más contundente, arremetió contra algunas ONG, acusándolas de lucrar y politizar el tema de las desapariciones.
Posturas divergentes del Gobierno mexicano y Amnistía Internacional
Previamente, el Gobierno mexicano ya había calificado el informe del Comité de la ONU como "tendencioso" y con "falta de rigor jurídico". En contraste, Amnistía Internacional celebró la decisión del comité, pidió aceptar la cooperación internacional y advirtió que la crisis afecta a más de 132 mil familias en México, subrayando la urgencia de abordar este grave problema de derechos humanos.
