Organizaciones exigen acción gubernamental ante crisis de desapariciones
En un contexto de creciente tensión internacional, más de 40 colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos han dirigido una exigencia contundente a la presidenta Claudia Sheinbaum, demandando que asuma la responsabilidad del Estado mexicano en la grave crisis de desapariciones forzadas que afecta al país. Esta movilización ciudadana surge como respuesta al rechazo gubernamental hacia las recomendaciones del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, que solicitó a la Asamblea General revisar urgentemente la situación en México.
La negación estatal como obstáculo para la justicia
Los colectivos, entre los que destacan organizaciones emblemáticas como "Hasta Encontrarles" y "Buscando a Nuestras y Nuestros Desaparecidos", han advertido con firmeza que mientras el Estado mexicano continúe negando la realidad de las desapariciones forzadas, se perpetuará un ciclo de violencia y simulación institucional. "La historia nos ha demostrado que, mientras el Estado Mexicano continúe negando a las y los Desaparecidos, y continúe perpetuando la simulación a través de sus instituciones y reformas, nos estará condenando a todas y todos los mexicanos a que estos delitos de lesa humanidad se sigan repitiendo", manifestaron en un posicionamiento conjunto.
Las organizaciones subrayaron que sus seres queridos desaparecidos representan la prueba irrefutable de que en México sí existen las desapariciones forzadas, contradiciendo así la postura oficial que minimiza esta problemática. Esta contradicción ha generado profunda preocupación entre las familias afectadas, quienes observan con alarma que la respuesta gubernamental mantiene un patrón de negación sistemática.
El costo internacional de la postura mexicana
La organización Tejiendo Redes Infancias, una de las firmantes del pronunciamiento, analizó las implicaciones de la reciente resolución del Comité de la ONU. Aunque reconocieron que esta decisión no es vinculante jurídicamente para el Estado mexicano, alertaron sobre sus consecuencias políticas y de reputación internacional. "Tiene un altísimo costo político y de reputación internacional", señalaron, refiriéndose al requerimiento de que México se presente ante la Asamblea General de la ONU para explicar por qué rechaza la activación del artículo 34, mecanismo que permitiría discutir urgentemente la situación de las desapariciones en el país.
Esta postura internacional contrasta marcadamente con la respuesta del gobierno de Sheinbaum, que calificó la resolución de la ONU como "parcial y tendenciosa", generando así un distanciamiento preocupante entre las autoridades nacionales y los organismos internacionales de derechos humanos.
Una crisis de dimensiones históricas
Los colectivos recordaron que su lucha no es reciente, sino que se remonta al menos a 2010, cuando comenzaron a exigir políticas públicas efectivas para detener las desapariciones en México. Ninguno de los tres órdenes de gobierno ha asumido plenamente esta responsabilidad histórica, según denuncian las organizaciones, lo que ha derivado en la actual crisis que afecta a más de 130 mil víctimas de desaparición.
Entre las demandas específicas presentadas a la presidenta Sheinbaum se encuentran:
- Convocar a todas las familias de personas desaparecidas para conocer directamente la tragedia que enfrentan
- Aceptar las conclusiones y recomendaciones del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada
- Diseñar e implementar una verdadera Estrategia Nacional de Búsqueda con participación ciudadana
- Reconocer el diálogo como única vía para avanzar en procesos de justicia y reparación
"Nuestra denuncia no es de ahora, ha sido una denuncia en todos los gobiernos y de todos los partidos políticos. Llegar a la Asamblea General es un logro de miles de familias, representa el clamor que llevamos años gritando ante el mundo", establecieron las organizaciones, subrayando el carácter histórico y transversal de su lucha.
Las víctimas y sus familias han recorrido un largo camino tocando todas las puertas nacionales e internacionales posibles en busca de justicia y verdad, un esfuerzo colectivo que ahora enfrenta un momento decisivo ante la comunidad internacional y las autoridades mexicanas.
